El Ejido
El Pleno del Ayuntamiento de este viernes aprobó por mayoría una moción presentada por el equipo de Gobierno que recoge una amplia batería de medidas ... dirigidas al Gobierno de España, defendiendo un modelo centrado en reducir y concentrar los trámites, una rebaja de la fiscalidad, mejora de módulos de VPO y seguridad jurídica de los propietarios.
El alcalde, Francisco Góngora, explicó, tal y como se recoge en la moción, «que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país, por lo que hacer frente al déficit de vivienda requiere de una reforma en profundidad y un Pacto de Estado», al tiempo que puso de relieve «la situación del mercado residencial en España, el déficit estructural de vivienda existente y las dificultades derivadas del incremento de los costes de construcción, la lentitud de los procedimientos urbanísticos y la reducción de la oferta de alquiler residencial».
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alberto González, recordó que «los datos del Ministerio de Vivienda muestran que la política estatal de vivienda no ha logrado aumentar la oferta residencial. España cuenta con un parque público de vivienda inferior a la media europea y arrastra un déficit estructural que, según el Plan Estatal 2026-2030, supera las 400.000 viviendas».
Al respecto apuntó que «el Gobierno de Pedro Sánchez prometió construir hasta 244.000 viviendas públicas o protegidas entre 2021 y 2023, pero a julio de 2024 solo se habían entregado 350, unas 47.209 estaban en obra o proyecto y más de 115.000 ni siquiera se habían iniciado». Además, ha insistido que «el propio Gobierno reconoció no disponer de datos públicos detallados sobre las viviendas efectivamente construidas y entregadas dentro del Plan Estatal 2022-2025».
En el caso de El Ejido, «el modelo económico basado en la agricultura intensiva ha convertido a El Ejido en un importante foco de atracción laboral y poblacional, generando una presión sostenida sobre el mercado residencial. Sin embargo, la respuesta urbanística y constructiva se ve frenada por la complejidad administrativa y la lentitud en la tramitación de desarrollos de suelo e informes sectoriales, lo que retrasa la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales», indicó Góngora.
Ante esta situación, el alcalde defendió «la necesidad de agilizar y digitalizar los procedimientos urbanísticos, mejorar la coordinación entre administraciones y aumentar la oferta de vivienda como principal vía para facilitar el acceso residencial».
Además, se insta al Gobierno de España a promover una rebaja integral de la fiscalidad que grava la vivienda en todas las fases de su ciclo de producción y acceso, incluyendo la transformación urbanística del suelo, los costes de urbanización, los honorarios técnicos y profesionales, la construcción, la promoción y la adquisición final de la vivienda, mediante la reducción de impuestos, tasas y cargas fiscales que actualmente encarecen el precio final soportado por los ciudadanos, favoreciendo así el incremento de la oferta residencial y el acceso a una vivienda asequible.
La moción aprobada reclama igualmente que el Gobierno de España actúe con firmeza contra la ocupación ilegal y el impago profesionalizado de alquileres, reforzando la protección de la propiedad privada. En este sentido, recordó que «el Partido Popular impulsó en 2023 una Proposición de Ley aprobada en el Senado para agilizar desalojos en 24 horas, endurecer las penas y evitar el empadronamiento de ocupas, aunque continúa paralizada en el Congreso de los Diputados».
Entre los acuerdos se insta al Gobierno de España a rendir cuentas sobre las viviendas efectivamente construidas y entregadas dentro de los distintos planes estatales de vivienda, reclamando además objetivos anuales verificables y mecanismos públicos de seguimiento que permitan evaluar el grado real de ejecución.
Asimismo, el acuerdo manifiesta la preocupación de la Corporación por el nuevo modelo de cofinanciación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incrementa la aportación exigida a las comunidades autónomas hasta el 40%, lo que, según recoge la moción, «puede comprometer la capacidad financiera de Andalucía y dificultar la ejecución efectiva de las actuaciones previstas».
El texto rechaza el mecanismo de declaración de zonas de mercado residencial tensionado contemplado en la Ley estatal de Vivienda, al considerar que la limitación de precios del alquiler puede reducir la oferta disponible y generar inseguridad jurídica para los propietarios. En contraposición, la moción respalda el modelo impulsado por la Junta de Andalucía a través de la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, centrada en políticas de incremento de oferta residencial y simplificación administrativa.
También insta a impulsar una Unidad de Asesoramiento en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal. Asimismo, pide impulsar la elaboración y actualización de un inventario de suelos, edificios y viviendas susceptibles de destinarse a promoción de vivienda protegida o asequible, en coordinación con la Junta de Andalucía.
La moción también solicita la simplificación de los procedimientos urbanísticos y la reducción de los plazos de emisión de informes sectoriales para agilizar la puesta en carga de suelo residencial y facilitar la construcción de nuevas viviendas, tanto libre como protegida. Otro de los acuerdos aprobados apuesta por fomentar la movilización de viviendas deshabitadas hacia el alquiler asequible mediante programas de intermediación inmobiliaria, incentivos y mecanismos de garantía para los propietarios, en colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
El texto insta al Gobierno a aprobar la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles al objeto de reforzar los mecanismos de recuperación inmediata de inmuebles, garantizar el derecho a la propiedad, mejorar la convivencia vecinal y dotar de mayor seguridad jurídica a propietarios y comunidades de vecinos.
Finalmente, la moción insta al Gobierno de España a revisar las ayudas a la promoción de vivienda protegida prevista en el Plan Estatal 2026-2030 para adaptarlas al incremento real de los costes de construcción y reclama una rebaja integral de la fiscalidad vinculada que grava la vivienda al ciclo completo de producción y acceso a la vivienda, incluyendo la transformación urbanística del suelo, con el objetivo de favorecer el incremento de la oferta residencial y facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible.
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