Visto para sentencia el macrojuicio de 'Poniente' por una presunta trama de corrupción en El Ejido

Casi doce años han transcurrido desde que la Policía Nacional irrumpió un 20 de octubre en las dependencias del ayuntamiento ejidense y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) con participación al 70 por ciento del Grupo Abengoa, y detuvo a una veintena de personas, entre ellas el ex alcalde Juan Enciso y quien fuera el interventor accidental José Antonio Alemán.

La operación 'Poniente' había explotado tras dos años de investigación impulsada por el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez, quien falleció durante la celebración de la vista oral, pero habrían de transcurrir largos años de instrucción para llegar a un juicio partido en dos actos debido a la pandemia, que obligó, además, a varias suspensiones por casos positivos de covid entre las partes.

Ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería que ha presidido la magistrada Társila Martínez y formado por los magistrados Ignacio Gómez Ángulo y Jesús Martínez Abad, quien será ponente de la sentencia, ninguno de los enjuiciados ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

Tras la práctica de la prueba en fase oral, que comenzó el 16 de febrero con el interrogatorio de los acusados, queda por delante la deliberación de la sala para someter a votación y fallo la macrocausa penal, si bien no se ha precisado si la sentencia se dará o no a conocer en audiencia pública.

En el trámite de informes, el fiscal Anticorrupción Jesús Juan Cruz situó el «origen» de la presunta trama en el «desmedido afán de dinero y de goce del poder» del ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán, para quienes interesa penas que suman 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros.

«El señor Enciso y el señor Alemán buscaron la manera de poder maximizar su situación para así lograr sus objetivos y encontraron una fórmula a través de la empresa mixta Elsur», trasladó al tiempo que remarcó, frente a lo sostenido por algunas defensas a lo largo de la vista oral, que el socio privado de Elsur «se hallaba bajo el control» de Abengoa de la que dijo que se «apuntó al festín de dinero público».

Sobre el alcalde indicó que «toda la prueba practicada» apunta a su implicación y al «uso de su influencia», que su esposa «era perfecta conocedora de cuál era el origen de sus ingresos» y que su cuñado «se aprovechaba de su situación y pedía favores como se acredita en las escuchas telefónicas y han afirmado los testigos». Añadió que la empresa mixta Elsur se creó «después» de que el propio ex alcalde «buscara asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo» y que lo hizo por «interés, pero en ningún caso por el interés público».

Cabe recordar que, durante el trámite de cuestiones previas desarrollado en febrero de 2020, el Ministerio Público retiró la acusación por los todos delitos contra la Hacienda Pública relativos a los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 ya que estimó que habrían prescrito, lo que ya supuso rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, para los principales acusados.

La Fiscalía atribuye a Enciso y Alemán presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.

Para el fiscal también habría quedado «claro» que lo que todo lo que se «hacía y deshacía» en Elsur «lo conocían el socio privado y el Ayuntamiento ejidense» porque «pensar lo contrario es vivir en un mundo irreal» y que los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán «mientras hacían sus negocios» desde sus subcontratas mediante «sobreprecios» a Elsur «sufragada íntegramente con dinero público, tenían que pagar a todos los que tenían en nómina».

Así, en su informe señaló que el ex interventor «se benefició así» a través de su empresa Sistemas de Dirección SL de «todos los que participaban» en la supuesta trama contratando con Elsur o con el ayuntamiento con «mordidas por valor» de más de siete millones de euros.

Por su parte, la Abogacía del Estado consideró en su turno que «plenamente acreditado» la «sobrefacturación» a Elsur y que en esta práctica mediante subcontratas había un «claro interés económico» del ex alcalde y del ex interventor municipal.

En un exhaustivo alegato apuntalado en numerosa prueba detalló que la «sobrefacturación» realizada por la «trama» empresarial de los acusados José Amate y Juan Antonio Galán restó a Elsur, 40,2 millones de euros de «beneficio adicional», y que la empresa mixta surgió «con la clara idea de defraudar a la Hacienda Pública».

Remarcó el «perjuicio» al «interés público» causado por la presunta trama corrupta, y cuantificó los gastos «reales» de las subcontratas de Amate en 21,4 millones de euros frente a los «46,5 facturados a Elsur» y en el caso de las sociedades de Galán ha cifrado en 16,8 los gastos «reales» frente a los 32,47 millones de euros facturados a la empresa mixta.

Al hilo de esto, trasladó también como «plenamente acreditado» que hubo «dos personas que se beneficiaron directamente» de las subcontratas de Juan Antonio Galán y apuntó hacía Enciso y Alemán, en su doble condición de alcalde e interventor municipal, además de miembros del Consejo de Administración de Elsur.

«Alemán se beneficiaba a través de pagos a su sociedad Sistemas de Dirección SL mientras que Enciso, según acreditan las intervenciones telefónicas, era el que se encargaba de toda la gestión de cobro de Elsur a Galán para proveer a sus sociedades de ingresos», subrayó para añadir que en la actuación del ex alcalde ejidense «había un claro interés económico».

Durante la última sesión quedaron, asimismo, exonerados de cualquier responsabilidad penal o civil, al margen del presunto testaferro de Amate, otros cuatro enjuiciados contra los que tan solo formulaba acusación el Ayuntamiento de El Ejido, que actúa como acusación particular. También esta personada IULV-CA como acusación popular.

En el trámite de conclusiones, todas las defensas reiteraron la petición de libre absolución de sus patrocinados y, alternativamente, han solicitado, en caso de que sean condenados por alguno de los delitos que se les imputan, que se les aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que el caso explotó en octubre de 2009 tras dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y se les rebaje las penas en dos grados