Salud activa su plan de prevención ante la agresión a una sanitaria en Balerma

A la concentración, han acudido el delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena; y la gerente del Distrito Sanitario Poniente, Enriqueta Quesada Yáñez. Se han sumado también trabajadores del consultorio médico, representantes sindicales y miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido.

De forma paralela, se han sucedido distintas concentraciones en el resto de unidades de gestión clínica del Distrito Sanitario Poniente como muestra de solidaridad y denuncia unánime frente a las agresiones que sufren los profesionales de la sanidad pública andaluza.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está, recuerdan desde la Junta, recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad, con penas de uno a tres años de prisión.

Desde el momento en que se produjo la agresión, el Distrito Sanitario Poniente de Almería y la delegación de Salud y Consumo puso a disposición de la profesional afectada todo el apoyo necesario, incluyendo defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

Plan de Prevención frente a las Agresiones

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha condenado cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, y ha recordado que, bajo ningún concepto o circunstancia, pueden justificarse este tipo de actuaciones.

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones persigue, en este sentido, reducir el número de episodios violentos registrados en el sistema sanitario público andaluz a través de medidas preventivas y de un protocolo de actuación que se activa en caso de agresión. Entre las medidas preventivas, se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etcétera) y la formación a profesionales para que sepan cómo afrontar situaciones tensas.

El plan también contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas a través de un programa especial de acompañamiento, que corre a cargo de un profesional formado específicamente para guiar, acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.