La resolución de la Audiencia al juicio del alcalde de El Ejido, en cuestión de horas

Fuentes judiciales apuntan a una sentencia favorable a los intereses del regidor, pese a que podría mantenerse su responsabilidad civil subsidiaria

MIGUEL CÁRCELES El Ejido

En cuestión de horas, insisten diversas fuentes judiciales y políticas, la Audiencia Provincial de Almería comunicará a las partes la resolución definitiva a la denuncia que ha pesado durante una década sobre la espalda del primer edil ejidense, Francisco Góngora (PP), acusado de presuntos delitos fiscal y de falsedad en documento público. Y las mismas fuentes señalan que casi con seguridad el signo de la sentencia será favorable en las cuestiones penales a los intereses del regidor.

La resolución, en la que trabaja la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería desde que el caso quedara visto para sentencia en primavera, sí que tendría, sin embargo, reparos civiles para el primer edil ejidense, sobre el que el tribunal habría determinado mantener la responsabilidad civil subsidiaria derivada de las actividades empresariales de EuroAlpujarra.

La Fiscalía acusó al regidor de ambos delitos al considerar que había quedado acreditada su participación como socio en una empresa familiar en una «acción especulativa» con respecto a la compraventa de una finca. El fiscal aludió a la figura de cooperador necesario y desgranó una hipótesis según la cual Góngora y varios familiares crearon una empresa en junio de 2000 para adquirir una finca pública en Loma de los Hornillos por poco más de 300.000 euros. Cuatro años después, el Pleno de la Corporación de la que formaba parte Góngora aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el que dicha finca se calificaba en una parte como suelo urbanizable (manteniendo el resto como no urbanizable). Ese mismo mes, la finca fue vendida a otra mercantil por 1,5 millones de euros.

Ahora bien, el Ministerio Público considera que en la operación hubo un presunto delito fiscal al alterar la base imponible del impuesto de sociedad. El fiscal demandaba cuatro años de cárcel y una multa de 1,2 millones de euros. Góngora en todo momento se mantuvo como inocente de los hechos de los que se le acusaba.