El Pleno de El Ejido aprueba reagrupar hasta 14 préstamos por valor de 132 millones

El Ayuntamiento de El Ejido acogió en la jornada de ayer un Pleno Extraordinario en el que además de llevarse a cabo el sorteo de la composición de las mesas electorales para los próximos comicios generales del 10 de noviembre, los grupos municipales aprobaron por mayoría una operación de agrupación de un total de 14 operaciones de crédito formalizados con los fondos de financiación y de la adaptación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento.

Una medida a la que obliga la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y al que dieron su respaldo tanto PP y Vox como Ciudadanos, mientras que el PSOE se abstuvo.

En esta línea, José Francisco Rivera, concejal de Hacienda y portavoz municipal, explicó que se trata una medida extraordinaria adoptada a comienzos de año por parte de la Comisión para los Ayuntamientos en riesgo financiero, entre los que se encuentra el de ElEjido, y «entre ellas había una obligatoria que era que todas aquellas operaciones firmadas por el Ayuntamiento desde el año 2012 hasta la fecha con el ICO agruparlas».

Estas 14 operaciones firmada por el consistorio ejidense con el ICO suponen un montante superior a los 132 millones. «Muchas de ellas se firmaron en 2012 para el Plan de Pago a Proveedores, que sumaban algo más de 115 millones de euros, y las que se han hecho con el Fondo de Ordenación de 2016 y 2017», especificó Rivera.

Con esta operación, cuyo vencimiento estaría programado para el año 2035, además se reduce el tipo de interés en algo menos de un punto. «Seguramente se termine, no obstante, algunos años antes», indicó el concejal de Hacienda.

156 millones de deuda

A colación del asunto de la deuda municipal que está previsto que cierre a 31 de diciembre en los 156 millones de euros, otra de las cuestiones que se abordó fue el de la obligación de destinar el superávit presupuestario de cada año a la amortización de deuda. «Entiendo que una vez que el endeudamiento del Ayuntamiento esté por debajo del 75% de los ingresos corrientes», indicó Rivera, quien matizó que «la Ley marca por debajo del 110% pero para poder andar con autonomía y sin tener que pedir autorización hay que estar por debajo del 75% y creo que ese escenario, si seguimos en la línea de vamos, pues seguramente en 2026 o 2027 podríamos acogernos a una cláusula de descuelgue que nos permita tener autonomía y operar tranquilamente sin toda esta intervención a la que nos tienen sometidos y que perjudica la gestión o la complica».

Un ejemplo de ello son los presupuestos municipales que como indicó el portavoz municipal, «hay que someterlos a un informe previo, preceptivo y vinculante del Ministerio. En condiciones normales, ya estaríamos hablando de ellos y de esta manera todavía tenemos que esperar a que el Ministerio nos habilite la Plataforma para remitir los presupuestos y esperar que los informen, que el año pasado tardaron dos meses, y eso hace que se aprueben normalmente con mucho retraso respecto a 1 de enero que es cuando debería de entrar en vigor.

Ahorro

El grupo municipal de Ciudadanos dio su apoyo a este punto ya que como indicó el portavoz del grupo municipal, Cecilio Vargas, detectaron «una bajada considerable de intereses, por lo que generaríamos una ahorro importante y se defienden los intereses de los ejidenses». Vargas explicó que «al estudiar el acuerdo nos hemos dado cuenta que se baja una décima el tipo de interés y en un plazo de amortización de 16 años que se aplicaría, la bajada de interés es muy considerable».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, José Miguel Alarcón, criticó que de la deuda a proveedores, que fue sobre la que versó el punto aprobado «aún no se ha amortizado nada y que se generó a consecuencia de una presunta trama entorno a la empresa El Sur y a quienes gobernaban entonces».

Alarcón apuntó que desde su partido ven con preocupación que aún después de 10 años se esté como entonces de endeudados, «alrededor del 200% que permite la Ley y los vecinos de El Ejido no pueden seguir pagando los platos rotos de todo lo que aconteció en torno a la Operación Poniente y estar sujetos a un Plan que no nos da margen a inversiones». Como solución los socialistas apuntaron pedir o «un plan de pago a muy largo plazo de 50 o 60 años o mejor una condonación de parte de la deuda».

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