Francisco Góngora: "Si no se ha querido entrar en el fondo del asunto, ¿por qué voy a dimitir?"

Al hilo de esto, el regidor ejidense valoró que "si al final la instrucción es sólo instruir y recabar información para no analizarla a fondo, no convirtamos la fase de instrucción en un juicio público", y es que como consideró, "viendo que hay tanta trascendencia, como se da en este caso, sí se debería entrar a valorar todas estas cuestiones". Tal y como él mismo reconoció, "me hubiera gustado que se hubiera admitido una declaración del inspector fiscal que hace el informe, en el que por cierto, la Agencia Tributaria no me hace culpable de nada, ni antes ni ahora; es curioso ya que todo está basado en ese informe y a mí me excluye como responsable". No obstante, añadió, "voy a ser muy respetuoso como he sido siempre con la Administración de Justicia, y seguiré defendiendo mi inocencia porque lo tengo muy claro".

Cuestión de fechas

En cualquier caso, Góngora arrancó su intervención dejando claro que le produce "una gran sorpresa y extrañeza" haber conocido el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, del cual curiosamente no disponemos todavía ninguna de las partes personadas en el procedimiento". Así, el alcalde de El Ejido manifestó su intención de ser "didáctico" con el objetivo de aclarar una a una todas las dudas respecto a esta causa, para la que el fiscal pide 4 años de prisión y 1,2 millones de euros de multa. En primer lugar, el regidor recordó de nuevo que "la compraventa se hizo en el año 2000, y el PAL interpuso una denuncia en la víspera de las elecciones municipales del año 2011, diciendo que yo, durante mi etapa como concejal de Urbanismo, me había aprovechado de mi cargo y me acusaba de tráfico de influencias", sin embargo, insistió, "eso quedó absolutamente claro y archivado en su momento porque quedaron muy claras las fechas, y es que el avance del plan general del año 1998 ya dibujaba esos suelos como suelos urbanizables, yo entro de concejal en el año 1999 y por tanto, antes de ser concejal, no pude manipular absolutamente nada, como así quedó de manifiesto y además nadie recurrió ese auto del juez".

Por todo ello, a juicio de Góngora, esta causa "nada tiene que ver con cargo público, ni con mi gestión pública, eso tiene que quedar claro, muy claro, y eso ya se zanjó en el año 2014". De hecho, el alcalde volvió a aclarar que él no era el administrador de la sociedad patrimonial, y que ésta sólo contaba con un administrador único, con todas las funciones, "por lo que la que controversia está en si la compraventa se considera realizada entre el 2004 y el 31 de diciembre de 2006, y no hay ningún delito fiscal, ya que el régimen de tributación de las sociedades patrimoniales en vigor de esa fecha, es de un tipo de gravamen del 15%. Y si se considera que se efectúa con posterioridad a esa fecha, el régimen fiscal cambia y ya sí tiene que tributar al 25 y 30%".

De esta forma, y tras recabar toda la información al respecto, aseguró Góngora, "hay unas cantidades entregadas, recibidas por la sociedad, que nadie discute, en 2004, un contrato perfectamente válido, que se presenta en este Ayuntamiento y por tanto, nadie puede falsear". Según argumentó, "en Derecho Civil, una compraventa se consuma cuando existe un título y un modo. El título es claro, lo admite la propia Agencia Tributaria, nadie lo discute, el contrato de compraventa de 2004, y el modo, es cualquier acto de disposición que pueda haber realizado la compradora, la promotora Murgi Edificaciones".

En suma, relató el alcalde, "Murgi hace obras de acordonamiento, de limpieza, y esas facturas protocolizadas ante notario por Excavaciones Los Mellizos, se presentan también y constan en los autos". Más tarde, en el año 2006, la promotora presenta el proyecto de delimitación del sector, "como propietaria de ese suelo, donde el arquitecto, Antonio Góngora Sebastián redacta un proyecto de delimitación con todos sus objetos, planos y mediciones, y donde dice, somos propietarios en virutd de este documento privado y este suelo queremos delimitarlo dentro de este sector", aclaró. Asimismo, "se tramita y se aprueba por el entonces alcalde, curiosamente el mismo que denuncia, en junta de gobierno, y queda sobradamente de manifiesto que están haciendo acto de disposición", volvió a apostillar.

Cuestión civil

"Lo que echo en falta es que ni el juez que se fue, ni la jueza sustituta ni el fiscal han entrado en ningún momento a valorar esta cuestión, que es una cuestión civil", se reafirmó el alcalde ejidense. Y volvió a apelar a la aportación de "los dos informes de parte aportados, uno de la UAL firmado por el Catedrático de Derecho Financiero y entonces decano, don Fernando Fernández, es muy didáctico y va resolviendo todas las cuestiones para decir que no hay ningún delito fiscal; y por otro, el de Mariano Cuenca, experto en fiscalidad, que va más alla y habla de irregularidades en el procedimiento por la propia Agencia Tributaria". Como concluyó, "me llama poderosamente la atención el actuario de la Agencia Tributaria, que dice cosas como que cualquiera puede desarrollar un suelo con una mera expectativa de derecho, y eso es una barbaridad".