El Gobierno local zanja el debate y dice que la Balsa del Sapo es una prioridad

El portavoz del Gobierno local, José Francisco Rivera, se mostró ayer muy sorprendido por las críticas realizadas esta semana por el PSOE de El Ejido, en torno a la problemática que sufre Las Norias de Daza debido a la subida de la lámina de agua en la Balsa del Sapo. Y es que a juicio de Rivera, « esta no sólo ha sido y es una cuestión prioritaria del alcalde, tanto es así que recientemente este asunto se abordó en la junta de portavoces para elevar conjuntamente, como así fue, una moción conjunta para exigir tanto a Acuamed como a la Agencia Andaluza del Agua la convocatoria de la comisión de seguimiento que hay contemplada en el convenio de colaboración que ambos organismos firmaron para el impulso del estudio de soluciones y la redacción de este proyecto».

Es por ello que el edil y portavoz municipal afirmó no entender que «el PSOE se descuelgue de la decisión adoptada, de forma unánime, por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de El Ejido, tanto en la junta de portavoces como en sesión plenaria, para abrir ahora una nueva polémica, cuyo único fin no puede ser otro que intentar ocultar la dejación de funciones que la Junta de Andalucía está realizando al no estar en funcionamiento, al cien por cien, las explotación del bombeo e impulsión que se dotó a la Balsa del Sapo para alcanzar y mantener la cuota de seguridad de la lámina de agua para la que fue diseñada».

De este modo, y en palabras de Rivera, «el PSOE no puede escudarse en las obras del túnel para defender la dejadez del Gobierno autonómico en la que es una competencia directa y el verdadero problema y riesgo que sufren los propietarios de los fincas afectadas, así como de las viviendas y locales como consecuencia de la subida del nivel freático». Por ello valoró que «lo verdaderamente urgente es que ese bombeo funcione a pleno rendimiento».

Tal y como recordó el concejal ejidense, «ese primer convenio preveía que, decidida la solución más eficaz a implantar, el Estado redactaría el proyecto para que, tras ser tramitado tanto en sus aspectos ambientales como sustantivos, ambos organismos puedan volver a sentarse para acordar un nuevo convenio específico con la financiación de dichas obras, entre cuyos costes se incluirán los necesarios para la ejecución de la infraestructura incluida las expropiaciones y los que se deriven de ellas». Una información que, como insistió Rivera, conocen todos los grupos de la oposición.