El caso Poniente cae en el olvido tras siete años de espera

Siete años después del inicio de su instrucción, el caso Poniente de El Ejido, que investiga la mayor presunta trama de corrupción de la provincia de Almería en torno a la empresa mixta Elsur, no es un tema que precisamente se preste a debatir en las calles de este municipio. Esta misma semana se pudo conocer que el Ayuntamiento ejidense, como principal perjudicado y parte de la acusación particular, realiza una petición de penas que superan los mil años de prisión para los casi 70 investigados en la causa.

Y es que tras el cierre de su instrucción el pasado 20 de junio, la petición del Consistorio de abrir juicio oral acerca su propia fecha de apertura, que podría fijarse a finales del año próximo. Todo ello para dilucidar que, según estima el propio Ayuntamiento ejidense, el perjuicio que causó a las arcas públicas la presunta trama se tradujo en algo más de 84 millones de euros, que a juicio de la Administración local, deberían reponer de forma solidaria los acusados.

Lejos de entrar a valorar las peticiones de penas de prisión que el propio Ayuntamiento de El Ejido realiza como acusación particular para los investigados en la trama, para quienes solicita 1.102 años de prisión; el actual alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, explica a IDEAL que son los servicios jurídicos, «los que han analizado en profundidad el contenido del procedimiento judicial, y toda la documentación que en el mismo aparece». En este sentido, el regidor ejidense añade que son estos servicios los que «han elaborado las conclusiones jurídicas que han estimado, de aplicación a los hechos que se desprenden de la investigación».

O lo que es lo mismo, reclamaciones de pena de hasta 29 años de prisión por ejemplo, en el caso del exinterventor accidental, José Antonio Alemán -considerado el presunto cerebro de la trama-; o de 22 años y 42 de inhabilitación, para quien gobernó el Consistorio ejidense durante casi 20 años, y brazo político de la presunta trama, Juan Enciso.

En cualquier caso, la Administración local ejidense reclama también una indemnización solidaria por parte de la mayor parte de las personas físicas y de las sociedades investigadas, por un valor de más de 84,5 millones de euros más los intereses legales que correspondan. «Hablamos de cantidades muy importantes según se desprende de la investigación, y supondrían un gran alivio para las arcas públicas municipales, y para poder acometer actuaciones necesarias en todo el municipio y sus núcleos de población», aclaró Góngora.

Pese a lo reiterado que pueda parecer el discurso mantenido por parte del actual Gobierno local, y los diferentes grupos de la oposición durante estos siete años de dilatada espera para depurar responsabilidades, el alcalde considera que «es evidente que ha existido un funcionamiento irregular en la prestación de determinados servicios públicos». Al hilo de esto, Góngora opina que «se debería disponer de menos deuda, haber dispuesto de mejores servicios, más inversiones, y en este momento la situación económica-financiera nos permitiría acometer un número mayor de inversiones y con mayor desahogo».

«No tengo nada que decir»

Si la postura del Consistorio de El Ejido frente a esta causa pone su origen en la existencia de una presunta «maraña de contrapartidas mutuas» con la «idea premeditada de detraer fondos del Ayuntamiento», los vecinos del municipio consultados por este periódico, prefieren no entrar a valorar ningún aspecto del Caso. «No tengo nada que decir, no sé lo que ha ocurrido», respondían a modo de negativa a las preguntas de IDEAL.

Así, al igual que sucedió durante el transcurso de los días, semanas y meses posteriores al estallido de la trama, allá por el 20 de octubre del año 2009, una gran parte de los ejidenses prefieren no desvelar de forma pública su opinión frente al caso Poniente. Especialmente reacios se mostraron los vecinos más mayores preguntados por IDEAL al respecto, quienes pusieron todo tipo de excusas para no entrar a valorar el entramado, ni los siete años de espera que arrastra la causa, así como ni mucho menos quisieron estimar las peticiones de penas reclamadas por el Ayuntamiento para los acusados.

«No nos engañemos, todo el mundo sabía que algo estaba pasando, y no creo que se haya olvidado el tema, sino que ahora mismo la prioridad es otra, hay mucha gente que lo está pasando mal con la crisis, no es una prioridad para el pueblo», señala José Gabriel Luque, secretario de Organización de Izquierda Unida en El Ejido. Por su parte, desde el PSOE local, su portavoz en el Consistorio, Tomás Elorrieta, recuerda que ya «han pasado siete años, y seguimos esperando que se celebre un juicio que debería ser de gran trascendencia para nuestro municipio pero que, por lo que se ve, solo tiene trascendencia para nosotros. No entendemos por qué se produce este retraso», expresa.

«Volvemos a pedir celeridad, necesitamos que acabe el proceso y se dicte una sentencia para poder cuantificar el perjuicio económico que supuso la actuación, incalificable ahora, de sus antiguos gestores. Actualmente, tal y como está la situación, no podemos evaluar el daño que esto ha supuesto para el buen nombre de nuestra ciudad, y para sus ciudadanos», sentencia de igual modo el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento ejidense, Desiderio Enciso. «A todo esto hay que sumarle que llevamos ya siete años viendo, con sumo dolor, cómo el nombre de El Ejido, se arrastra por los medios de comunicación asociado a actitudes y comportamientos deshonrosos y delictivos», insiste.

Asimismo, para el grupo municipal de Ciudadanos, «sin prejuzgar los hechos, sí reclamamos que sobre los mismos se arroje luz, con la inmediata y necesaria apertura del juicio oral que permita el esclarecimiento definitivo de los hechos por entonces acaecidos y de concreción a la delimitación de responsabilidades que en cada caso correspondan». No obstante, y mientras el proceso judicial continúa su curso, lo cierto es que poco parece haber calado en la memoria de los ejidenses todo lo que ocurrió aquel 20 de octubre de 2009. En cualquier caso, lo que sí tiene claro la mayoría de ejidenses que hablaron estos días con IDEAL es que «debe hacerse justicia».

Una justicia que pasa por reponer de forma económica todo lo presuntamente malversado de las arcas municipales. Otra historia bien distinta supone borrar de la memoria colectiva, aunque parezca que ya hoy no se tiene tan en cuenta, el capítulo más negro de la historia de El Ejido.