El Ayuntamiento de El Ejido pide más de mil años de cárcel para los acusados de Poniente

Concretamente, de sumar todas las penas reclamadas por la representación procesal del Consistorio ejidense, 1.102 años de prisión de los que la peor parte se la llevaría el considerado por la investigación como presunto cabecilla y cerebro de todo el entramado, el exinterventor accidental del Ayuntamiento ejidense, José Antonio Alemán. Para él, el letrado municipal solicita 29 años de internamiento penitenciario por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo y delito societario. Son todos los delitos investigados en esta causa.

«A su alrededor», relata el escrito de acusación del Consistorio ejidense, habría urdido «una trama societaria y personal a través de la cual ha ido recibiendo ingresos por facilitar contrataciones con el Ayuntamiento de El Ejido, Elsur, la Excelentísima Diputación de Almería y otros organismos y empresas privadas que entraban en su esfera de poder o influencia». De él, el Ayuntamiento narra que cobró mediante un «montaje ficticio» de facturación por «asesoramiento» a empresas adjudicatarias de contratos municipales o con Elsur sin que existiera tal asesoramiento, «tratándose de un mero cobro de comisiones ilegales». El montante total sería, según su versión, de 7,2 millones de euros a través de la mercantil Sistemas de Dirección, a través de la cual se vehicularían estas presuntas comisiones.

Pero, además de las penas de prisión, la Administración local ejidense reclama una indemnización solidaria por parte de la mayor parte de las personas físicas y de las sociedades investigadas por un valor de más de 84,5 millones de euros y los intereses legales devengados desde que se produjeron los hechos. Sería la cuantía presuntamente detraída de las arcas públicas mediante la sobrefacturación de servicios a Elsur por parte de las subcontratas y las presuntas comisiones ilegales y dádivas existentes en dicho entramado societario y personal.

Para el principal excargo público del Ayuntamiento de El Ejido investigado en la trama, Juan Enciso, el Consistorio ejidense reclama 22 años de prisión por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo y delito societario. Sobre él, el Ayuntamiento relata que «como contrapartida a facilitar contrataciones con el Ayuntamiento de El Ejido y Elsur», tanto él como su entorno familiar y personal recibían «cantidades de dinero y prestaciones en especie». Menciona, entre otros, presuntos trabajos realizados por operarios de Elsur en su cortijo y bodega en Laroles (Granada) o en la sede del Partido de Almería (PAL, su partido tras ser expulsado del PP), además de costosos regalos por parte de empresarios investigados en la trama y alojamientos en hoteles de lujo abonados por la empresa mixta Elsur.

Los otros principales investigados, los empresarios cabecillas de los grupos familiares y empresariales que conformaban las subcontratas de Elsur -empresas que, según la versión del Ayuntamiento, obtuvieron suntuosos beneficios gracias a una «sobrefacturación» por servicios que no se prestaban o, en otros casos, por actuar como «subcontratas de personal» que incurrían en «cesión ilegal de trabajadores» a Elsur y que utilizaban, presuntamente, su material y sus instalaciones- también se solicitan suntuosas penas. En el caso de José Amate, el empresario sevillano enfrenta una petición de 26 años de prisión por parte del Consistorio, la misma pena que exige para el resto de miembros de su familia. A José Antonio Galán, su esposa y su hija, por otra parte, le reclama 22 años de internamiento penitenciario. Y para los hermanos Lirola, propietarios del Grupo Lirola, les solicita 10 años de encarcelamiento.

No obstante, el Consistorio es especialmente severo con los miembros del consejo de administración de Elsur. Para la inmensa mayoría de ellos solicita 22 años de internamiento penitenciario ya que, a su juicio, el hecho de que la sobrefacturación no hiciera saltar las alarmas se sostiene porque «los mecanismos de control» habían quedado «desactivados por mor de unas connivencias de las personas responsables de la gestión y administración de Elsur (socios, miembros del consejo de administración y empleados) y de ciertos funcionarios y cargos políticos» gracias a la obtención «por esas personas, de forma directa o indirecta, de un beneficio».

El Ayuntamiento considera asimismo que el socio privado de la empresa mixta Elsur, el Grupo Abengoa, al que se le presupone experiencia de gestión, también eludió todas las alarmas. «Todas estas irregularidades se han cometido con conocimiento y consentimiento del socio privado», asevera, ya que también habría emitido «facturaciones a Elsur en concepto de ciertos servicios que, sin embargo, nunca se han prestado» y porque Elsur habría hecho obras «para sociedades del Grupo Abengoa sin facturar ni cobrar nada por ello». «Renunció a una gestión eficiente y, a cambio, decidió guardar silencio al respecto no sin antes asegurarse una rentabilidad para sí», relata el letrado municipal.

La petición del Consistorio de abrir juicio oral contra los investigados del Caso Poniente acerca la apertura del juicio oral, que podría tener lugar a finales del año que viene.