Miguel Cárceles
Viernes, 4 de noviembre 2016, 11:47
El Ayuntamiento de El Ejido, principal perjudicado de la presunta trama corrupta en torno a la empresa mixta Elsur y a su propio organigrama, ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra los cerca de 70 investigados en la mayor causa abierta contra ... la corrupción en la provincia de Almería, el conocido como Caso Poniente. Una vez finalizada la investigación judicial y fiscal el pasado 20 de junio, cuando el juzgado cerró sus actuaciones con el auto de conversión en procedimiento abreviado, la Administración local ejidense considera que los hechos en torno a una «trama» empresarial «muy compleja» tejida como una «maraña de contrapartidas mutuas» con la «idea premeditada de detraer fondos del Ayuntamiento» son dignos de saldarse con penas de cárcel que superan con creces los mil años de internamiento.
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Concretamente, de sumar todas las penas reclamadas por la representación procesal del Consistorio ejidense, 1.102 años de prisión de los que la peor parte se la llevaría el considerado por la investigación como presunto cabecilla y cerebro de todo el entramado, el exinterventor accidental del Ayuntamiento ejidense, José Antonio Alemán. Para él, el letrado municipal solicita 29 años de internamiento penitenciario por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo y delito societario. Son todos los delitos investigados en esta causa.
«A su alrededor», relata el escrito de acusación del Consistorio ejidense, habría urdido «una trama societaria y personal a través de la cual ha ido recibiendo ingresos por facilitar contrataciones con el Ayuntamiento de El Ejido, Elsur, la Excelentísima Diputación de Almería y otros organismos y empresas privadas que entraban en su esfera de poder o influencia». De él, el Ayuntamiento narra que cobró mediante un «montaje ficticio» de facturación por «asesoramiento» a empresas adjudicatarias de contratos municipales o con Elsur sin que existiera tal asesoramiento, «tratándose de un mero cobro de comisiones ilegales». El montante total sería, según su versión, de 7,2 millones de euros a través de la mercantil Sistemas de Dirección, a través de la cual se vehicularían estas presuntas comisiones.
Pero, además de las penas de prisión, la Administración local ejidense reclama una indemnización solidaria por parte de la mayor parte de las personas físicas y de las sociedades investigadas por un valor de más de 84,5 millones de euros y los intereses legales devengados desde que se produjeron los hechos. Sería la cuantía presuntamente detraída de las arcas públicas mediante la sobrefacturación de servicios a Elsur por parte de las subcontratas y las presuntas comisiones ilegales y dádivas existentes en dicho entramado societario y personal.
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