El Defensor Andaluz investigará de oficio el derribo de chabolas en Tierras de Almería

  • Los hechos ocurrían aproximadamente a las 13.30 horas del mediodía del 26 de septiembre de 2012. Según relataron entonces desde diversos colectivos sociales, la llegada de una excavadora y de agentes de seguridad privada -así como miembros de la Guardia Civil- hacía presagiar que la jornada acabaría con tensión. Y así fue después de la desaparición de 15 chabolas, en unos terrenos privados del paraje Tierras de Almería, en El Ejido, en las que residían personas de nacionalidad extranjera.

El derribo acabó como el rosario de la aurora. Sobre todo después de que se generara un enfrentamiento entre los inmigrantes residentes en el poblado y los agentes de la Guardia Civil, presentes en el lugar, según la versión ofrecida aquel día por un portavoz de la Comandancia, «por motivos de orden público» y ajenos a la actividad del derribo.

Tras los incidentes, la Plataforma por los Derechos y la Justicia Social de Almería interpuso varias denuncias por atacar «el derecho de invulnerabilidad de las viviendas» y por la presunta comisión de un delito de lesiones, que los inmigrantes achacan tanto a los agentes de la Guardia Civil como, más especialmente, a los vigilantes privados de las fincas, presentes durante el derribo de las últimas chabolas.

Las noticias llegaron a Sevilla, a las oficinas del Defensor del Pueblo Andaluz. Y Jesús Maeztu, quien ostenta la defensoría desde junio de este año, ha abierto una investigación de oficio sobre la actuación del Ministerio del Interior y de la Subdelegación del Gobierno en Almería durante dichos sucesos. «Ha motivado que se inicie investigación de oficio por parte de esta Institución la información que nos ha llegado en relación a un desalojo y derribo de chabolas en el asentamiento de Tierras de Almería, en El Ejido, el pasado mes de Septiembre», informaba el propio Defensor.

«En el desarrollo del mismo [del desalojo y los posteriores derribos] denuncian la forma en la que éste se llevó a cabo, sin haber podido recoger muchas familias sus enseres. Según la versión de los afectados, fueron agredidos por agentes de la Guardia Civil, requiriendo atención sanitaria ante las lesiones provocadas por éstos», asevera la Institución.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, anunció una investigación interna sobre los hechos a los pocos días de que tuvieran lugar. «Se pedirá que se recopile toda la información para esclarecer el porqué de lo sucedido», decía ante los medios. De dicha investigación interna aún no ha trascendido nada a la luz pública. «En cualquier caso es importante que siga adelante el trabajo entre administraciones para buscar soluciones al problema de la infravivienda», remarcaba entonces el representante del Gobierno estatal en la provincia.

Los involucrados en la riña declararon ante la Guardia Civil y quedaron en libertado con cargos, ya que se les imputó un delito de atentado a la autoridad por presuntas agresiones a agentes, confirmó entonces la Comandancia Provincial. Desde los colectivos sociales se contabilizaron hasta cuatro heridos, uno de ellos con una contusión en la cabeza, por lo que presentaron denuncias por lesiones ante los juzgados de El Ejido.

Los hechos de Tierras de Almería desembocaron en una reunión institucional tripartita (Administraciones, agentes sociales y organizaciones agrarias) en la que se abrieron cauces de diálogo pero sin conclusiones claras ni un plan de acción.