El juez confirma la retención de pagos a empresas vinculadas a Operación Poniente
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha confirmado el auto por el que ordenó de forma cautelar la "intervención y retención" de los créditos reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido dentro del plan de pago a proveedores a las empresas investigadas en la Operación Poniente. Fuentes del Ayuntamiento del El Ejido han informado en un comunicado que el juez ha desestimado los recursos interpuestos contra el auto dictado el pasado mes de junio, que fueron presentados por las representaciones de los empresarios imputados Juan Antonio Galán y Ambrosio Cuevas, y las sociedades Aygesa y Aygesur, participadas del grupo Abengoa, que forman parte del Consejo de Administración de la empresa mixta Elsur.
EFE
Jueves, 21 de abril 2016, 12:25
La Operación Poniente investiga una trama empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, "que habría ocasionado un saqueo de las arcas municipales a través ... de supuestas sobrefacturaciones y cobros de servicios no prestados", ha señalado el Consistorio.
De acuerdo a esta investigación, ha subrayado el Ayuntamiento, "existen serias dudas sobre la procedencia de esos créditos", cuya intervención y retención se acordó por el Juzgado a fin de "asegurar responsabilidades futuras y evitar situaciones irreversibles".
Con la desestimación de los recursos presentados a la decisión judicial, las empresas vinculadas a la operación poniente "no podrán cobrar las cantidades que constaban como adeudadas en la contabilidad municipal", ha destacado el Ayuntamiento.
El auto ordenó la retención cautelar de los pagos a Elsur y a las mercantiles Contenedores Lirola, Clabert Gestión, Lobelia Gestión, Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos y Hermanos Lirola.
El Ayuntamiento, en el marco del plan de pago a proveedores, reconocía a estas ocho empresas una deuda de 95 millones de euros, de los que 81 corresponden a Elsur.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento (PP) había solicitado esta medida cautelar para que existieran "garantías suficientes" en caso de que se establezcan responsabilidades económicas a favor de las arcas municipales, explicó en su día el portavoz y concejal de Hacienda, Contratación, Régimen Interior y Personal, José Francisco Rivera.
El juez justificó la medida cautelar ante la "posibilidad de que los imputados puedan hacer desaparecer los fondos y/o los elementos patrimoniales".
La finalidad es el "aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias y garantizar las eventuales responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las penales al dictarse sentencia condenatoria", según el auto ahora confirmado.
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