El PSOE debe ejercer la acción popular en el caso 'Poniente' con PP o IU

El tribunal comparte el criterio de que admitir la personación "independiente" del PSOE favorecería "la artificial complejidad en la tramitación de la causa con 33 partes" y estima que se "violentaría el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones indebidas". En esta línea, subraya que la desigualdad sólo se produciría si se impidiese que estos "fuesen representados y dirigidos por profesionales libremente designados por ellos".

Coincide, asimismo, en que en este caso se dan los supuestos recogidos en jurisprudencia por el Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Supremo (TS) para la acción popular y remarca que es "evidente" que existe "convergencia de intereses" en la acción de los tres partidos políticos ya que --ahonda-- persiguen que se "imparta justicia".

Al hilo de esto, considera la Audiencia Provincial que "existe semejanza" tanto en los "hechos denunciados" como en las "personas contra las que se dirige la acción penal" como presuntos autores y la posible calificación jurídica de las conductas enjuiciadas", lo que sumado a que no se reclaman perjuicios concretos ya que el PSOE "no ostenta la condición de perjudicado por el delito" hace que esté "suficientemente justificada la resolución" del juzgado instructor de acuerdo a lo que dicta el TC.

La jueza Montserrat Peña, que se encargó de las diligencias del caso 'Poniente' hasta el pasado mes de septiembre, justificó la decisión de que los socialistas ejerzan la acción popular de forma conjunta con alguna de las dos formaciones políticas ya personadas en la causa bajo una misma postulación y defensa letrada en que es "patente la convergencia de intereses" de PP, IULV-CA y los miembros de la Agrupación municipal del PSOE en El Ejido y en que los tres escritos de personación "son de todo punto coincidentes".

Remarco, así, en su auto que el proceso penal era "independiente de los intereses y móviles políticos que ello genere extramuros del juzgado" al tiempo que consideró que, si bien "no pueden ser evitados en el contexto de una macrocausa de estas características, tampoco pueden ser auspiciados" por ella "permitiendo así su instrumentalización".

El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor Juan Enciso (PAL) tras su detención en octubre de 2009 junto a otras 19 personas, divide la presunta trama de corrupción política y municipal investigada en El Ejido por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública en seis clanes y el grupo Abengoa.

De este se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje de la supuesta trama, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.