Multan con 120.000 euros a los responsables de desecar el humedal de Sotomontes de Matagorda con vertidos

La Delegación Territorial de Sostenibilidad inició un procedimiento sancionador en marzo del pasado año tras la denuncia efectuada por los agentes de Medio Ambiente ante una infracción «muy grave» ante la destrucción o degradación manifiesta del hábitat de especies amenazadas catalogadas como en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat o de sus lugares de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.

En este espacio anidan distintas especies en peligro de extinción, la garcilla cangrejera --'Ardeola ralloides'--, garcilla bueyera --'Bubulcus ibis'-- y moritos --'Plegadis falcinellus'--, todas ellas en riesgo de extinción según el Libro Rojo de las Aves de España.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, además del abono de la multa, los responsables deberán acometer la paralización inmediata de las actividades de relleno de la charca, retirar todos los vertidos y realizar su tratamiento mediante un gestor autorizado.

Igualmente, deberán afrontar las labores oportunas para recuperar la zona afectada atendiendo las indicaciones que les den desde el Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad de la Delegación Territorial, de acuerdo con la resolución suscrita por el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en diciembre del pasado año.

De forma paralela a la actuación administrativa, la Fiscalía de Almería también abrió diligencias de investigación ante un posible delito medioambiental por los hechos acaecidos en la zona, por los que se han interpuesto, al menos, tres denuncias desde 2020.

Según la Guardia Civil, fue hace ya tres años cuando se conoció por primera vez las obras de desecación del humedal a través de denuncia presentada por un grupo ecologista. El Seprona de la comandancia de Almería realizó una inspección en la que se observaron movimientos de tierra, ganando terreno al humedal para uso agrícola.

Así, se requirió la documentación al promotor de la obra pero este no poseía ningún tipo que permita los trabajos y existía un decreto derivado de un expediente sancionador del área de urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido, instando a la paralización de los trabajos hasta la resolución del expediente.

Así las cosas, los agentes instruyeron diligencias por un supuesto delito contra el orden público --desobediencia-- y otro contra el medio ambiente, relativo a la protección de la flora y fauna silvestre.

En 2021 se volvió a conocer una denuncia presentada por el mismo grupo ecologista de la continuidad de los trabajos, por lo que se comprobó en la inspección realizada por el Seprona que en esta ocasión se estaban depositando gran cantidad de residuos de todo tipo, incluidos residuos clasificados como peligrosos --envases de fitosanitarios, envases de fertilizantes e insecticidas, plásticos procedentes de la agricultura bajo plástico impregnados de productos químicos, entre otros-- por lo que se instruyeron diligencias ampliatorias de las anteriores.

No obstante, el pasado año se volvió a presentar una denuncia y la inspección posterior comprobó que el volumen de vertidos había ido aumentando. Por tanto, requirió informe pericial de la Unidad Técnica - Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UT-Ucoma) cuyo resultado «certifica una pérdida directa de hábitat para multitud de especies, daños sustanciales en la calidad de las aguas y el suelo afectando a la flora y fauna, generándose una pérdida y degradación del hábitat que pone en riesgo especies protegidas y en peligro de extinción».