Góngora asegura que desconocía las operaciones internas de la mercantil que gestionaba su hermano

«Creo que en el año 2000 no nos dirigíamos la palabra», ha apuntado. Fue en junio de ese año cuando el regidor, su hermano, su padre y un cuatro socio constituyeron la sociedad agrícola Euro Alpujarra S.L. al objeto de adquirir una finca pública ubicada en el paraje Loma de los Hornillos, que se formalizó en julio de ese mismo año por 300.506,05 euros y se financió con un préstamo hipotecario sobre 32.627 metros cuadrados de 450.759,08 euros.

La vista oral celebrada este viernes ha comenzado con un auto dictado por el tribunal en el que se rechazaba la expulsión del PAL como acusación particular que habían solicitado los abogados de la defensa al entender que esta vulneraba derechos fundamentales de sus clientes y estaba sostenida por intereses políticos.

Góngora, que ha respondido a preguntas de la Fiscalía, Abogacía del Estado y de su abogado, ha sostenido firmemente que la sociedad en la que era socio y «administrador único» su hermano porque «él tuvo la idea de constituirla» no tenía actividad alguna, que «tuvo conocimiento» de la adquisición de la finca objeto del procedimiento, pero «no del modo de adquirirla» mediante un préstamo hipotecario, «ni del contrato privado, ni de la escritura pública».

«Cuando se hace no se me participa», ha afirmado para precisar que tampoco se le «informaba de cuándo se iban a girar cuotas del préstamo» o que «nunca se le ha convocado ni informado de las juntas generales» o ha participado «en las cuentas generales o en su aprobación».

Con respecto a la venta posterior de esa finca a la mercantil Murgi Edificaciones SL en 2004, ha dicho que «sí es verdad que se le trasladó la intención» de vender, que «le pareció bien», que no supo «precio» y que dio su «parecer» con respecto a los dos locales comerciales que se incluían en la operación por parte de Murgi Edificaciones SL «diciendo que hubiera preferido un piso».

«No se me hizo ningún caso y ya no sé más pormenores, no sé si recibí alguna cantidad para devolver a mi padre o fue esa cantidad directamente a su cuenta», ha trasladado Góngora, quien ha remarcado que nunca estuvo «en esos pormenores de la sociedad», ni se «interesó», ni se le «comunicaron» porque «los llevaba el administrador único».

Con anterioridad, ha afirmado que si aportó «algo» en la constitución de la sociedad --el fiscal indica que 6.000 euros-- «fueron cantidades muy pequeñas» ya que «en el año 2000 vivía todavía con mis padres, me case en 2002, y no tenía una situación de desahogo para aportar cantidades significativas». «En caso de hacerlo serían cantidades muy pequeñas», ha insistido.

Durante el interrogatorio del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado, que no acusa al actual regidor ejidense, se han vivido momentos de cierta tirantez, en especial, cuando el fiscal le ha interpelado por la «calificación urbanística del suelo».

En ese intercambio, en el que Góngora le ha dicho al fiscal que «se estaba perdiendo» o que estaba «muy confundido y muy equivocado» o ha sido requerido por su abogado para que no contestase, ha remarcado que en 1998 «ya había un documento de avance» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que calificaba la finca como «urbanizable para actividades económicas» y que este se hizo público «en edictos, en las principales cabeceras de medios de comunicación, en paneles informativos que se montaron en el patio de luces y con cientos de ejemplares que se publicaron».

«Dos años antes de la compra de la finca y hasta que ese PGOU se aprueba en 2002, se movió un viario y la finca salió perjudicada», ha enfatizado. Sobre la operación de compraventa en 2004 de esa finca, ha dicho que tuvo «entendido en su momento» que era un permuta «pero no puedo precisar más, porque al final, era pagar la hipoteca sobre la finca y quedaban dos locales de beneficio».

A preguntas de la Abogacía del Estado, ha subrayado que «siempre ha estado en su declaración pública de bienes, que nunca se ha ocultado», ha negado que como sostiene el PAL, que ejerce la acusación popular y a la que no ha contestado, los locales «estén alquilados ya que continúan en basto» y ha dicho que no se opuso a las operaciones realizadas por la sociedad familiar «porque no tenía conocimiento de ellas».

«Siempre he tenido presente que el beneficio de esa operación son los locales ya que aunque se hable mucho de pelotazos, al final ha ido a la quiebra porque al final no se construyó y los locales eran una expectativa pero ahora ni por un tercio interesarían a nadie», ha señalado para concluir que su interés «siempre ha sido el de aclararlo todo con luz y taquígrafos».

Francisco Góngora está acusado de «causar» presuntamente «un perjuicio económico» a la Hacienda Pública «alterando» la base imponible del impuesto de sociedad que gravaba la operación de compraventa en 2004 de una finca por una sociedad que constituyó con su padre, su hermano y un tercer socio. Se enfrenta junto a ellos a una petición fiscal de cuatro años de prisión y multa de 1,2 millones de euros por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.