El gobierno local posibilita invernar 1.200 hectáreas de zona urbanizable y urbana

El crecimiento del sector hortofrutícola en el municipio de ElEjido está bastante limitado en cuanto a hectáreas por la falta de terrenos disponibles. Sin embargo, en los últimos ocho años y gracias a medidas adoptadas por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido se ha conseguido poner en funcionamiento nuevas zonas de producción.

En esta línea, el concejal de Urbanismo, Alberto González, explicó esta mañana que a través de «la adaptación para uso provisional de suelo en zona urbanizable y urbana no consolidada, se podrán invernar cerca de 1.200 hectáreas de terreno, ubicadas principalmente en la Ensenada de San Miguel y la Carretera de Almerimar».

Para ello, el área de Urbanismo realizó modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la finalidad de poder construir invernaderos en terrenos donde antes no se podía, por la calificación de que disponían.

En este punto, el concejal popular indicó que hasta que el suelo sobre el que se asientan esos nuevos invernaderos se desarrolle urbanísticamente, los propietarios podrán rentabilizarlo desde el punto de vista agrícola, si bien en el momento en el que ese desarrollo urbanístico se produzca, deberán desmontar los invernaderos y no podrán pedir por ello indemnización alguna puesto que las licencias que se conceden son provisionales y no definitivas.

De esta manera, este tipo de licencias sólo se pueden conceder sobre terrenos que aún no se encuentren reparcelados y«no se garantiza ni un mínimo ni un máximo, pero los agricultores asumen ese riesgo a tenor de cómo se encuentra el sector inmobiliario porque se entiende que la reparcelación tardará», explicó el concejal de Urbanismo.

De esas 1.200 hectáreas alrededor de la mitad están ya en explotación y otros muchos terrenos se encuentran actualmente en construcción. «Se ha notado en el sector y se nota en parcelas que no podían tener un rendimiento y que hoy en día lo tienen. Los mismos agricultores lo dicen que de aquí a que se desarrollen, ellos habrán rentabilizado su inversión».

Por otra parte, el gobierno popular también ha llevado a cabo durante los dos mandatos que lleva al frente del Ayuntamiento dos modificaciones urbanísticas que permitieron que en estos años la superficie de almacén agrícola en zonas de protección de influencia de núcleos se haya incrementado de 150 a 500 metros, con el objetivo de permitirle al agricultor capacidad de manipulado en sus propias instalaciones.

El Cementerio, pendiente de una nueva ampliación

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de ElEjido, Alberto González incidió durante su comparecencia de ayer en que son numerosos los convenios, cesiones, expropiaciones y reservas de suelo llevadas a cabo durante estos años, más de 22, y entre ellas se refirió a una de las primeras que fue la que permitió una primera ampliación del cementerio en 1.288 nichos, que era urgente.

No obstante, el concejal popular también apuntó que hace cuatro años se inició una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de aprobación, para garantizar una segunda ampliación del cementerio con una parcela de una hectárea más, con la que cubrir las necesidades de los próximos 20 o 25 años.

Por otra parte, el área de Urbanismo ha iniciado una modificación de la Carta Arqueológica con el objetivo de incluir en ella unos 15 restos arqueológicos que Alberto González espera que se apruebe a lo largo del año y que incluiría aljibes, muros o restos de canteras, entre otros.

En esta línea, ya se incluyó en la carta arqueológica los restos del conjunto megalítico encontrado en Ejido Norte.

Demolición de chavolas

En otro orden de cosas, el responsable del PP hizo referencia al importante número de expedientes de disciplina urbanística que se han llevado a cabo en este tiempo para la demolición de más de 800 chabolas e infraviviendas en el municipio; eliminando de esta manera este tipo de asentamientos ilegales.

Asimismo, el responsable del PP apuntó como otra de las medidas puesta en marcha durante estos ocho años de gobierno popular a la elaboración de la Ordenanza Reguladora de Apertura de Establecimientos para el ejercicio de actividades económicas. Una herramienta que ha permitido agilizar la burocracia a la hora de llevar a cabo la tramitación de los expedientes. Ello ha acarreado, por tanto, un importante aumento de estos, algo más de un 40% desde 2011.