Galán rechaza que sus empresas fueran sociedades instrumentales de Elsur en el caso 'Poniente'

Así consta en su escrito de defensa, consultado por Europa Press, en el que solicita además la nulidad de las actuaciones al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el secreto de las comunicaciones y a un proceso sin dilaciones indebidas, al tiempo que cree que se produjo la detención ilegal del investigado así como que los delitos fiscales habrían prescrito.

El Ministerio Público considera que tanto las sociedades que dirigía el acusado José Amate como las empresas de Galán Jardines del Alcor, Jardines de Poniente y Lobelia Gestión, en las que también participaban su esposa e hija las investigadas Gema Peña y Yolanda Galán, eran sociedades «meramente instrumentales de Elsur», de modo que con ellas se habría producido el supuesto saqueo a las arcas públicas mediante sobrefacturaciones de hasta 15.649.200,99 euros.

En este sentido, la Fiscalía cifraba el porcentaje de beneficio obtenido entre 2002 y 2009, mediante estas sociedades, en un 48,21 por ciento, «muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación» que «no le estaba permitido llevar a cabo a la empresa mixta».

Ante dichas acusaciones, la defensa de Galán, que pide la libre absolución para él y su familia, mantiene que las empresas tenían una naturaleza «privada» y que las mismas contrataban con Elsur bajo un canon «que iba variando en función de los vencimientos contractuales, realizándose los distintos trabajos» y «sometidos a precios de mercado ajustados entre las dos partes».

Así, tras un repaso sobre la actividad de las tres empresas, la representación de Galán, de su esposa y de su hija, mantiene que los contratos que hacía Elsur con las sociedades del empresario, principalmente para el mantenimiento de espacios públicos de Almerimar, Guardias Viejas, Balerma y Matagorda «se regían por un inventario de zonas, parques y jardines elaborado por Elsur», con lo que eran sus servicios técnicos los que «comprobaban dichos trabajos» y «elaboraban un planning de actuaciones para el mes siguiente».

De este modo, la representación de Galán apunta que las empresas, para ejercer su actividad «disponían de oficinas, almacén, vehículos...» mientras que su actividad la desarrollaba «personal contratado», ya que las empresas generaban en torno a los 150 puestos de trabajo.

Con ello, la defensa tilda de «radicalmente falsa» la acusación sobre el clan familiar, que según la Fiscalía Anticorrupción empleaba «partes de trabajo falsos comprensivos de servicios realmente no prestados y facturas ficticias de gastos de material empleados en los mismos que no se habían realizado, o bien se incrementaba considerablemente su valor» para así justificar la supuesta sobrefacturación.