La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel y 1,2 millones de euros de multa

Cuatro años después, el Pleno de la Corporación de la que formaba parte Góngora aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el que dicha finca se calificaba en una parte como suelo urbanizable (manteniendo el resto como no urbanizable). Ese mismo mes, la finca fue vendida a otra mercantil por 1,5 millones de euros.

Ahora bien, el Ministerio Público considera que en la operación hubo un presunto delito fiscal al alterar la base imponible del impuesto de sociedad. El fiscal demandaba cuatro años de cárcel y una multa de 1,2 millones de euros. Góngora en todo momento se mantuvo como inocente de los hechos de los que se le acusaba. La sentencia, dijo el regidor, es absolutoria en el terreno penal.