El exalcalde de El Ejido declara esta semana por el caso Poniente, once años después de su detención

Antes, para este martes, está citado Manuel Caballos, quien fuera gerente de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), participada al 70 por ciento por empresas vinculadas a Abengoa y al 30 por ciento por el Ayuntamiento y considerada eje en la presunta trama de «sobrefacturación» que se hizo presuntamente con una red de sociedades de los principales acusados y que actuó entre los años 2002 y 2009.

Los consejeros de Elsur por parte del socio privado que han sido interrogados en las primeras sesiones del juicio han coincidido en señalar que era Manuel Caballos quien «tenía delegada» la «gestión del día a día» de la empresa mixta y que tenía «plenos poderes» para «contratar» ya que el consejo de administración no era «ejecutivo». El exdirector general de Elsur aseguró en sede judicial durante la instrucción que Enciso «sabía que existían las subcontratas».

El tribunal de la Sección Tercera que preside Társila Martínez ha citado en segundo lugar al exalcalde ejidense, al que debe seguir en interrogatorio José Alemán. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que «a cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio».

Precisa que que el segundo «autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente».

De este modo, según la Fiscalía Anticorrupción, el socio privado de Elsur procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y «puestos en dichos cargos para facilitar» los comportamientos ilícitos, a «beneficiarse ilícitamente» del dinero público que era la «principal fuente de ingresos» de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento «dentro del canon anual» y por servicios y obras «fuera de canon».

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros, de acuerdo a la acusación, correspondieron a «sobrefacturaciones» de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, fundamentalmente José Amate o Juan Antonio Galán, también acusados.

En la última sesión celebrada el viernes, uno de los acusados, directivo de Elsur que en fase de instrucción aseguró ante la jueza que tenía «constancia» de que se ejecutaron obras con «cargo a los fondos» de la sociedad en algunas propiedades «particulares» vinculadas al exalcalde Juan Enciso y al ex interventor municipal José Alemán, se acogió a su derecho a no declarar alegando «incapacidad».

Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

El fiscal Jesús Gázquez estimó parcialmente «por justificadas» las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría «interrumpida» por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las «partes tuvieron suficiente información» como para «pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal».

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.