Enésimo aplazamiento del macrojuicio del caso Poniente, hasta el 2 de febrero por la Covid

En una providencia notificada a las partes, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial resuelve el enésimo aplazamiento de la reanudación de la vista oral al comunicarse casos de Covid-19 entre encartados y abogados, y cuarentenas obligatorias por contacto estrechos con positivos.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el interrogatorio de los acusados, que ha de iniciarse con el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, se ha señalado para el día 2 de febrero, dentro de una semana.

La incidencia de la Covid-19 ya obligó al tribunal hace dos semanas a suspender 'in situ' en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce habilitado para acoger el macrojuicio la sesión por 14 ausencias, nueve de ellas por contagio de coronavirus.

Era el enésimo intento de reanudar la vista después de que el estado de alarma decretado en marzo de 2020 obligase a su suspensión 'sine die' tras varias sesiones de cuestiones previas.

Una vez en la desescalada, el tribunal decidió suspender todas las sesiones señaladas para mayo y fijar un nuevo calendario ya que la sala del Palacio de Justicia de Almería en el que se había estado celebrando la vista hasta la declaración del estado de alarma «no reunía las condiciones» de seguridad por la Covid-19.

Ante las restricciones obligadas por la pandemia, la Junta ha invertido 44.000 euros en adaptar para celebrar las sesiones el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce.

Han transcurrido casi once años y medio después de que la mayor operación policial y judicial contra la corrupción en Almería explotase con la intervención del Ayuntamiento de El Ejido y la detención de una veintena de políticos y empresarios.

La presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.

La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con la empresa mixta Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».

La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello, según remarca, «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal.