Enciso niega amenazas a Góngora y sostiene que le denunció ante la advertencia de Urbanismo

Desde el banquillo de los acusados, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se ha visto las caras con quien le ha llevado hasta ahí: Juan Enciso, exalcalde ejidense y presidente del PAL, que paralelamente está siendo juzgado en la macrocausa del Poniente.

Durante su declaración como testigo en la vista oral contra Góngora y otros cuatro acusados, Enciso ha mantenido que él no inició ninguna investigación si no que los técnicos de Urbanismo del Consistorio ejidense le adviertieron de supuestas irregularidades en un contrato y, tras consultar con los servicios jurídicos, se aventuró a interponer la denuncia. Además, ha negado amenazas contra Góngora por abandonar la disciplina de su partido, el PAL, y convertirse en su principal contrincante en las elecciones municipales.

«El contrato me lo subieron los técnicos de Urbanismo porque encontraron alguna documentación para desarollar algún sector. Me dijeron que se habían puesto muy nerviosos porque lo había traído un concejal», ha relatado a preguntas de la Fiscalía. Ante ello Enciso se puso en contacto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Ya en respuestas a los abogados de la defensa, Enciso ha sostenido que él no inició «ninguna investigación» contra Góngora. «Los técnicos fueron quienes me lo subieron al despacho. Se pusieron muy nerviosos y no querían ningún problema», ha argumentado, a la vez que ha insistido en que los funcionarios le dijeron que «tomase cartas en el asunto porque ellos tenían miedo».

Cuestionado sobre por qué inició las acciones legales como presidente del PAL y no como alcalde de El Ejido, Enciso ha asegurado que hizo lo que le recomendó la asesoría jurídica. «Como era representante del PAL me pusieron ese cargo pero también lo hice como alcalde. Me dijeron que era más seguro hacerlo como Juan Enciso, pero yo era alcalde en ese momento», ha apuntado.

Preguntado sobre si inició estas acciones legales «únicamente en persecución» de Góngora, Enciso ha sido tajante: «Jamás», ha respondido. «Jamás con ninguno de ellos, jamás, jamás he tenido nada», ha insistido en alusión a los ediles que «se fueron» en 2005 de su equipo de gobierno del «PAL al PP», entre ellos Góngora, al tiempo que ha remarcado que «el día que se fueron, se eliminaron».

Enciso, visiblemente contrariado en ocasiones, ha negado que, cómo afirmó el actual alcalde, le dijese que «quien no viniese» con él «se tenía que ir de El Ejido o que advirtiese en un medio de comunicación de que si «no le sacaban de la Operación Poniente, se la jugaba aunque tuviera que sacar documentos secretos que los tengo».

«Yo jamás he dicho hecho, no he dicho jamás que me saquen de la Operación Poniente a cambio de algo», ha remarcado para añadir que «jamás, jamás, he amenazado a ninguna persona en mi vida».

Los abogados han tratado de llevar contra las cuerdas al exregidor ejidense buscando únicamente una respuesta que Enciso no ha dado. La pregunta, formulada de distintas maneras, se ha repetido en varias ocasiones. ¿Qué le motivó a poner la denuncia?, ¿qué les ponía tan nerviosos a los funcionarios?

Igualmente, los magistrados han tratado de cuestionar la «credibilidad» de su testimonio como denunciante debido a posibles «incongruencias» con respecto a lo que declaró en instrucción y, por ende, el «origen» del «documento privado» que se adjuntó.

Sin precisar quién le comunicó la existencia del contrato en el expediente urbanístico, Enciso ha insistido una y otra vez en que él «no» inició «ninguna investigación» en torno al expediente, que aportó a la denuncia sólo el contrato privado «porque ese fue el que me dijeron los técnicos y los servicios jurídicos dijeron que era suficiente«.

Ha precisado que la puso «cuando apareció el documento», que si bien el expediente urbanístico para la delimitación de suelo se incoó en 2006, este «apareció en 2011» y «no» en años anteriores «porque puede que el Ayuntamiento pidiera documentación y se aportara» y ha subrayado que respecto a este tema «siempre» se atuvo a lo que «me dijo la asesoría jurídica».

«De ese calado, era la primera irregularidad que teníamos porque siempre hemos tenido en mi equipo de gobierno mucha confianza en los técnicos de Urbanismo», ha manifestado el exalcalde ejidense, quien ha añadido que le dijeron que «tenían miedo porque había un concejal por medio, algunos técnicos algo había visto, que se había corrido la voz, que no querían ningún problema con ellos y que no se atrevían a seguir con ese expediente».

Sobre lo que declaró en relación a que había oído «en Ejido TV que una familia de Santo Domingo decía que se había sentido engañada», ha señalado, de manera un tanto confusa en relación a la que fue su primera declaración, que cuando los técnicos «pusieron» en su «conocimiento» la existencia de ese contrato privado, «recordó que había escuchado quejarse de ello».

«Cuando me lo dijeron ya me sonaba aquello, que lo había oído», ha apuntillado a lo largo de una testifical en la que también ha negado, a preguntas de la defensa de la responsable civil , que «metiese el contrato en un sobre y lo echase por debajo de la puerta de IU y de un medio de comunicación».

En la sesión de este viernes también ha declarado el último acusado, S.L.P. quien ha asegurado que él solo era «un socio con un 25% del capital» que confiaba plenamente en el administrador único de la sociedad investigada y que nunca formó parte de la toma de decisiones «porque no había reuniones» ni firmó ningún acta. También han sido llamados a declarar dos testigos que se han aferrado a «lo que digan los papeles» ya que «han pasado más de 20 años» y no recordaban mucho de lo ocurrido.

Góngora (PP) está acusado por la Fiscalía de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que interesa cuatro años de prisión y multa de 1,2 millones de euros. El PAL, por su parte, le imputa un presunto delito de blanqueo de capitales y solicita penas que suman seis años de cárcel y multas de 1.184.288,12 euros y 1.348.826,22 euros, entre otras.

Están enjuciados, al margen del alcalde ejidense, sus socios G. G. F. y J. G. G. C., padre y hermano del regidor, y S. L. P., así como contra el administrador de la otra empresa que participó en la compraventa, A. G. M.

Por su parte, la Abogacía del Estado solo ha formulado acusación contra J. G. G. C. como autor material y A. G. M como cooperador necesario.