Inmaculada Acién
El Ejido
Jueves, 16 de mayo 2024, 11:51
El municipio de El Ejido ha sido uno de los elegidos por la Subdelegación del Gobierno para acoger a una parte de los inmigrantes ilegales que actualmente están alojados en un hotel de El Toyo, de donde deben salir antes de final de mes, cuando se cumple el contrato con el establecimiento hotelero.
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Un anuncio que ha hecho el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, esta misma mañana en sala de prensa, denunciando esta decisión del subdelegado de Gobierno en Almería, el también ejidense José María Martín, por considerar que se trata de una medida que agrava los problemas de presión migratoria que tiene el municipio de El Ejido.
«Queremos mostrar nuestro gran preocupación y nuestro más profundo rechazo a esta decisión del subdelegado de alojar inmigrantes ilegales en Ejidohotel durante un año. Se han contratado 200 camas y mañana viernes llegan los 150 primeros inmigrantes ilegales procedentes de El Toyo», afirmó el máximo responsable municipal«.
Góngora ha recordado que El Ejido es el municipio que tiene la tasa más elevada de migración de España. De los 90.000 habitantes con que cuenta el municipio, el 32% es población de origen extranjero, lo que supone más de 29.100 personas, a lo que se suman más de 4.000 inmigrantes irregulares que residen en el municipio de manera permanente.
Por otra parte, Góngora ha denunciado la «deslealtad» del subdelegado del Gobierno tanto con el municipio como con el alcalde, máximo representante de todos los ejidenses «ocultando sus intenciones», ya que ha afirmado que ha hablado en bastantes ocasiones con el subdelegado durante la última semana y siempre le había trasladado que no había nada cerrado hasta que finalmente recibió la confirmación en la tarde de ayer.
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«La integración no es fácil, pero es el único camino posible y la sociedad ejidense lo está haciendo en su conjunto con un trabajo transversal. No entendemos como desde el Ministerio de Inmigración y la subdelegación del Gobierno en Almería, con un ejidense a la cabeza reman a contra corriente», ha incidido Góngora.
Y es que el alcalde ha puesto sobre la mesa el arduo trabajo que se está realizando desde el propio ayuntamiento, desde las asociaciones, clubes y colectivos del municipio en la búsqueda de esa cohesión social, sin recursos. «Les exijo que rectifique y no aumentemos la presión migratoria ilegan en nuestro municipio cuando lo que necesitamos son medios», ha insistido Góngora.
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Por otra parte, Góngora también se ha mostrado precabido en materia de seguridad. «Espero que no suceda nada porque este pueblo ya ha sufrido mucho y tiene muchos estigmas y nos dedicamos en cuerpo y alma a romper esos estigmas», ha subrayado el alcalde, quien ha recordado que l Ley de Extranjería dice que el Estado tiene que tener una solidaridad mayor con los municipios con mayor presión migratoria, «por lo que no podíamos esperar que se tomara esta decisión», en vez de destinar más ayudas a gestionar esa presión migratoria.
Con estos datos, el alcalde ha subrayado que El Ejido suma 27 kilómetros de costa «siendo punto de entrada de inmigración ilegal, con mafias que actúan con impunidad con las llamadas 'narcolanchas' y recibiendo pateras, a lo que tenemos que hacer frente a diario con una falta total de efectivos y medios terrestres, marítimos y aéreos». Por eso, confirmó que ha solicitado por escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, »una reunión para abordar todas estas cuestiones y un refuerzo de medios, de quien no hemos tenido respuesta».
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Una falta de inversiones y fallos de las políticas migratorias que también se traducen en la ausencia de ayudas y financiación por parte de la Subdelegación del Gobierno para impulsar políticas transversales que ayuden a la convivencia.
Por otra parte, Góngora ha sido tajante al afirmar que el Gobierno debe destinar el dinero que viene de Europa, «en vez de a alquilar hoteles en los centros de las ciudades, a articular el territorio y a hacer políticas serias para la cohesión social, construyendo centros de internamiento, firmando convenios de repatriación, tramitando expedientes de expulsión y, para no generar el efecto llamada, devolver a esos inmigrantes dignamente a sus países de origen, salvo los que puedan trabajar aquí legalmente con su contrato debajo del brazo».
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