Desmantelan una banda dedicada a falsificar documentos para regularizar a ilegales en Almería

Gestionaban, previo pago de entre 500 y 2.200 euros, la documentación necesaria para que ciudadanos extranjeros regularizasen su situación en España. Eso sí, presuntamente, lo hacían empleando documentos falsificados.

La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Caravana', ha desmantelado una trama organizada con una treintena de implicados en El Ejido y Roquetas de Mar que, a través de una asesoría ubicada en la localidad roquetera de Aguadulce simulaban «con documentos fraudulentos» que personas en situación irregular «cumplían con los requisitos exigidos por la normativa de disponer de capacidad para llevar a cabo proyectos empresariales por cuenta propia que finalmente resultaban ser inexistentes».

El considerado como líder de la banda, quien cuenta con antecedentes policiales por hechos de índole similar, fue arrestado por la Policía Nacional en octubre del año pasado. En noviembre, han apuntado desde la Comisaría de Almería, se inició la actuación policial desarrollada en El Ejido con la colaboración de la Oficina de Extranjería de Almería. «Los investigadores detectaron que se estaban presentando solicitudes de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a través de la vía del arraigo, como trabajadores por cuenta propia, simulando con documentos fraudulentos», han explicado desde el cuerpo nacional. Unos trámites que, además, «se gestionaban y llevaban a cabo» a través de la misma asesoría de Aguadulce.

Así, durante la investigación que se ha saldado con una decena de detenidos y 20 personas más investigadas, los agentes identificaron a los dos responsables de la trama. Se trata de un sujeto natural de Marruecos, que actuaba como gestor administrativo, y su mujer, abogada de profesión. Entre ambos regentaban el mencionado despacho de asesoría y gestoría en Aguadulce, han descrito desde la Policía Nacional. Además, estas personas tramitaron desde su empresa «todo lo necesario ante la oficina de extranjería, proporcionaron y falsificaron proyectos empresariales como trabajadores autónomos, contratos de arrendamientos de viviendas, locales, trasteros, certificados y diplomas de trabajo de empresas extranjeras, e incluso partes facultativos de asistencia médica con los que tratarían de justificar que el ciudadano extranjero cumplía con el requisito de llevar más de tres años residiendo en España para demostrar el arraigo».

Eran ellos quienes, según la investigación, contactaban «con inmigrantes conocedores de la falsedad de los hechos», cobrándoles entre 500 y 2.200 euros a cambio de ofrecerles y gestionarles la documentación necesaria para obtener una tarjeta de residencia en España.

Durante la operación se ha intervenido abundante documentación incriminatoria, siendo objeto de investigación 28 expedientes correspondientes a 25 solicitudes de ciudadanos marroquíes, dos de ciudadanos senegaleses y una de un natural de Gambia.

La Operación Caravana se ha saldado con 10 detenidos y 20 investigados no detenidos, a quienes se les acusa de los delitos de falsedad documental, estafa, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.