Denuncian el «desalojo ilegal» de 30 familias con menores en El Ejido

Alrededor de 30 familias han sido desalojadas de su edificio de la calle Sudán, 3, de Las Norias de Daza. Este desahucio se ha cometido «de forma ilegal», según valoran desde el bufete Bolaños Abogados, que ya ha procedido a interponer una denuncia por «la grave situación de desamparo de niños con el uso de la violencia, sin amparo legal y con anuencia y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

A esta barriada de El Ejido se desplazó una empresa especializada en este tipo de desalojos ('antiokupa') y, con miembros de seguridad privada, han indicado desde el despacho de abogados, que hace referencia a que «iban provistos con armas blancas, utilizaron la violencia y coacciones» para expulsar a los inquilinos.

Desde Bolaños Abogados explican que la problemática de este desalojo aparece «cuando Gramina Homes S. L. vendió el edificio a un fondo buitre Soroalme 2012 S. L.» y fue quien, «sin mandato del juzgado ni orden legal, se presentaron para expulsar a las familias», asegura Matilde Bolaños, letrada del despacho almeriense.

«La Policía Local y Guardia Civil llegaron con una actitud pasiva para evitar enfrentamientos, se ha cometido un desahucio sin amparo legal que no debía ser en todo el edificio, porque en este inmueble había personas que han comprado su vivienda», ha subrayado la abogada, indicando que un guardia de seguridad se encuentra en la puerta impidiendo el acceso de cualquier persona al edificio.

A toda esta situación, Bolaños Abogados hace referencia a que se ha cometido «un delito» porque, además de saltarse la normativa procesal, se ha vulnerado el derecho de las familias con menores a su cargo. «No les han dejado entrar en casa, hay personas mayores de edad que pueden acceder a los albergues municipales, pero los niños no pueden estar ahí y no sabemos dónde se están quedando estas personas, si en la calle o en casas de conocidos», ha argumentado.

El Ayuntamiento de El Ejido, por su parte, no se ha pronunciado ante el desamparo de los menores y las familias tras el desahucio del edificio pero sí que ha hecho referencia a la presencia de agentes de Policía Local y Guardia Civil que asistieron por «una posterior reyerta que hubo entre la empresa encargada de 'desokupar' y los que estaban siendo desalojados».

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