«Creemos de justicia que las costas también se paguen a las acusaciones particulares del Caso Poniente»

«No podemos olvidar que fue IU la organización que presentó la denuncia y aportó las pruebas que la Fiscalía aceptó como válidas para iniciar el proceso», recordaba esta mañana Enrique Usoz, portavoz de la coalición IU-Podemos a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Usoz también ha subrayado que esa acusación les llevó en sus momentos a consecuencias como el hecho de que IU se sintiera y sufriera «el acoso y menosprecio de parte de la población que defendía a su alcalde a capa y espada, porque decía que cualquier cosa en contra de Juan Enciso era en contra del pueblo y ahora la justicia nos ha dado la razón».

De igual forma, Usoz también ha pedido no olvidar que «el actual alcalde (Francisco Góngora) fue miembro del equipo de gobierno de Juan Enciso durante ocho años, por lo que parte de responsabilidad tiene y estamos esperando a ver si da alguna explicación», al tiempo que se pregutnaba «qué hizo en aquella época sino mirar para otro lado».

Por su parte, la Coordinadora Provincial de IU, María Jesús Amate, señaló que «ha sido una sentencia muy esperada que ha tardado casi 20 meses en salir, de un proceso judicial que ha tardado en instrucción más de diez años y casi año y medio de juicio».

Una sentencia que Amate afirmó que les deja un sabor agridulce ya que por un lado se sienten «contentos», porque se ha demostrado que lo que denunciaron era verdad, pero «muy decepcionados» por lo reducido de las penas. «Se pedían más de 70 años de cárcel para los imputados, que ahora ya son condenados, y finalmente ha quedado en cinco años», incidía.

En cuanto a la parte económica, desde IU consideran qe el Ayuntamiento de El Ejido recuperará por fin algo del dinero desfalcado, «pero solo algo, porque nosotros lo valorábamos en mucho más dinero».

Sin embargo, lo que más molesta y está haciendo meditar a IU con recurrir una parte de la sentencia, es el hecho de que «las costas del proceso judicial solo se las pagan al Ayuntamiento de El Ejido, a las acusaciones particulares no nos pagan las costas del proceso judicial», por no considerar que fuera importante que se personaran en esta causa judicial. «Nosotros consideramos que era de vital importancia estar personados como hemos estado en todo el proceso, porque si no hubiera sido porque hemos estado recordando constantemente que esta causa estaba abierta, pidiendo celeridad y pidiendo que interviniera el Fiscal General para preguntar qué pasaba con la dilación de la sentencia, quizás no hubiera habido sentencia y la cosa se hubiera dilatado incluso más en el tiempo», subrayaba la Coordinadora Provincial de IU.

Es por ello que desde la formación de izquierdas consideran «de justicia que las costas también se paguen a las acusaciones particulares, porque es muy importante la figura de la acusación particular y más de una acusación particular como la nuestra que hemos estado desde el primer momento pidiendo que se haga justicia en El Ejido» comentaba Amate, quien recordó que pese a que no tienen una valoración final de cuánto serán las costas que tendrán que abonar, en su momento se abonó una parte que salió de las aportaciones que realizaron los militantes de IU en El Ejido y, por tanto, de su patrimonio persona, para poder personarse en el Caso Poniente y pagar a un Procuador y un Abogado. «Piden recuperar ese dinero en una causa que era justa, no que tenga que darse por perdido porque el juez no lo vea justo», afirmó la Coordinadora Provincial de IU.

Y es que de no producirse finalmente el abono de las costas judiciales, Amate considera que «a futuro causa una indefensión hacia las personas que quieran denunciar» e «invita a quedarse quieto, a no denunciar, porque lo único que vais a tener es un coste personal y político demasiado grande».

De esta manera, la dilación indebida del proceso y sentencia del Caso Poniente ha redundando en una reducción del más de 90% en las penas y ahora esa dilación indebida también puede tener una consencuencia en la ampliación de los gastos de costas procesales que las acusaciones particulares tengan que asumir.

Por otra parte, el abogado de la acusación Popular por IU, Rafael Salazar, señaló sobre el tema de las costas que lo que le sorprende «es que la Audiencia Provincial de Almería ni siquiera mencione el precepto fundamental que es el artículo 24 de la Constitución Española que es el Derecho a la Defensa, porque es el que ampara a todos los ciudadanos para pedir justicia. Entiendo que el artículo 24 es el que se está atacado en esta decisión con respecto a las costas que es sorprendente y por tanto existe materia casacional suficiente como para plantearnos poder ir al Tribunal Supremo y solicitar que sea revisada la sentencia en este extremo».

30 días es el plazo que tiene ahora IU para presentar recurso, por lo que afirman que estudiarán todos los detalles del caso antes de tomar acciones, «porque el Supremo fija jurisprudencia y esta materia no solo es trascendente para este procedimiento, sino para muchos otros en los que centenares de asociaciones de toda España decidan ejercer la acusación popular y se puedan ver perjudicadas por estimaciones tan extraordinariamente restrictivas de un derecho fundamental», apuntó el abogado de IU

En cuanto a la condena para los acusados, Salazar añadió que «la Fiscalía está estudiando qué hace al respecto y nosotros que hemos seguido una pauta procesal de bastante seguimiento de la propia actuación de la Fiscalía, por lo que vamos a estar pendientes de lo que la Fiscalía haga y probablemente a apoyar lo que decida hacer». No obstante, tiene claro que los condenados van a agotar todos los trámites procesales a su alcance. «Tenemos un Estado de Derecho en España que funciona y el Derecho a una Segunda Instancia Fundamental con lo que entiendo que da pie a que pueda pronunciarse el Tribunal Supremo. Tal vez el problema es que la Justicia es demasiado lenta y es tan lenta que es difícil plantear que sea justa, porque los ciudadanos de El Ejido tendrían que tener ya recuperado el dinero que se extrajo de sus arcas municipales».

Èn relación al dinero que el Ayuntamiento tendría que recuperar, Salazar explicó que «hay responsabilidades civiles señaladas de los acusados y de las empresas declaradas responsables civiles y, por tanto, como hay bienes embargados, si cumplen será a través de los bienes embargados y si no cubre, habrá que continuar el procedimiento ejecutivo hasta hallar los bienes de quienes han sido declarados responsables civiles tanto directos como subsidiarios».