Cs pide explicaciones a Góngora por mascarillas compradas a una firma «vinculada» al Gobierno local

Ciudadanos (Cs) ha registrado una pregunta en el Ayuntamiento de El Ejido para que el alcalde, Francisco Góngora (PP), dé «explicaciones» por la compra de mascarillas a una empresa «cuyo administrador único tiene vínculos familiares directos con el equipo de gobierno».

El portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento de El Ejido, Cecilio Vargas, ha detallado, además, que el escrito se ha presentado en las dependencias municipales después de que «nos haya constado que se llevó a cabo esta compra de mascarillas con una empresa que en el momento de la contratación tenía un expediente de suspensión de la actividad en nuestro municipio, y a la que todos los pedidos han sido mediante contratos menores»

Vargas ha especificado en un comunicado que los pedidos han sido de compra de mascarillas, y que de las consultas realizadas se desprende que la mercantil «no tenía esa actividad entre sus fines».

«Hemos pedido que nos aclaren este dato, y también que nos informen si se tenía conocimiento del grado de parentesco entre el administrador de la mercantil y un miembro del equipo de Gobierno que lidera el señor Góngora», ha subrayado Vargas, quien ha aclarado que los contratos ascienden a 20.326 euros, sin IVA.

Para el portavoz de Cs, este es un punto importante sobre el que «queremos máxima transparencia, pero hay otros detalles que no han pasado inadvertidos para este grupo y que consideramos realmente graves».

Ha descrito que esta mercantil contratada contaba en el momento justo en el que se cierran estos acuerdos contractuales para comprar mascarillas, de 19 de marzo de 2020 al 19 de mayo de ese mismo año, «con un expediente disciplinario por ejercer su actividad empresarial en nuestro municipio sin su pertinente autorización ni calificación correspondiente dentro de la normativa».

«Fue el concejal delegado de Urbanismo quien, en octubre de 2019, decretó la suspensión inmediata de la actividad de la empresa en el municipio», ha precisado, para añadir que ambas partes intentaron encauzar la situación y que esta suspensión de la actividad «trajo consigo un procedimiento disciplinario con sanción incluida de 6.001 euros el 11 de marzo de 2020».

En esta línea, ha concretado que fue el 26 de octubre de 2020 «cuando se ocasionó la resolución final, imponiéndose una sanción de 3.596 euros».

«Es decir, hablamos de una horquilla de fechas, desde que se abre el ese procedimiento disciplinario hasta que resuelve, en la que el Ayuntamiento siguió cerrando contratos», ha señalado al tiempo que ha indicado que este expediente sancionador «fue impuesto por la propia administración pública y conllevaba que la actividad estuviese paralizada, no entendemos que para vender mascarillas no tuviesen inconvenientes».

«Mala praxis»

Para Vargas, el equipo de gobierno del PP no puede «basar esta mala praxis, que no tiene nada de causal, en la urgencia que existía en ese momento para adquirir este material higiénico sanitario».

Al hilo de esto, ha apuntado que la «ley es clara» ya que recoge la prohibición de contratar con el sector público a aquellas personas físicas o jurídicas que no se hallen al corriente de las obligaciones con las administraciones públicas.

«Al parecer, aquí se olvidaron del expediente sancionador con el que contaba esta entidad», ha dicho Vargas, quien ha remarcado que la situación se «complica aún más cuando en la documentación que posee este grupo municipal no aparecen otros presupuestos sobre el pedido que solicitaron y la normativa exige la aportación de un mínimo de tres presupuestos para sustanciar el expediente del contrato menor».

En el comunicado, ha destacado, asimismo, que esta empresa obtuvo la autorización de la actividad para prestar servicios el 18 de junio de 2020, que fue cuando recibió la calificación ambiental favorable por acuerdo de la junta de gobierno local.

«¿Por qué si hasta esa fecha no recuperó su actividad, el Ayuntamiento cerró contratos para comprar mascarillas previo a esa fecha?», ha cuestionado el concejal de Cs, quien ha remarcado la necesidad de una «explicación clara y coherente por parte del alcalde, ya que queremos saber cómo se informó favorablemente de que no se superaba el límite legal del importe del contrato menor, que está fijado en 15.000 euros, cuando al finalizar los primeros tres contratos se superó esa cifra».

El portavoz adjunto del equipo de gobierno en El Ejido, José Francisco Rivera (PP), ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento realizó «con absoluta legalidad y transparencia» la compra de mascarillas para «dotar a los trabajadores» de material de protección frente a la covid-19, y ha indicado que desde el inicio de la pandemia se han adquirido lotes «con un total de siete empresas, en función de la capacidad de suministro de cada una».

En un comunicado, ha lamentado que Cs «quiera liar y generar dudas» y ha señalado que el expediente de compra «está perfecto y completo», que la adquisición de mascarillas se realizó de «manera escrupulosa a un proveedor legal» y en una época, según ha remarcado, «en la que existía total desabastecimiento tanto de mascarillas como de otros materiales de protección».

«Era la única empresa que en esos momentos de crisis sanitaria y de estado de alarma tenía mascarillas y se comprometía en un plazo de entrega adecuado, dada la urgencia de dotar de material higiénico sanitario al personal municipal para garantizar su salud», ha trasladado Rivera, quien ha añadido que «ningún miembro del equipo de gobierno con relación familiar con la empresa suministradora ha intervenido en el procedimiento de licitación».

Rivera ha apuntado que las prohibiciones en las contrataciones con el sector público están reguladas en el artículo 71 de la LCSP, «según el cual no existe ningún conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación que, en este caso, es el propio concejal de Hacienda y Contratación».

Al hilo de esto, le ha pedido al portavoz de Ciudadanos, Cecilio Vargas, que estudie «más y confunda menos» ya que como concejal «debería conocer sobradamente que la reforma de la LCSP que regula los contratos menores, vigente a partir del 6 de febrero de 2020, supone la eliminación de justificar que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cuantía que limita dichos contratos».

«Pedimos que se centra en lo que debe primar, y es que el informe deje claro que no se está fraccionando un contrato grande en varios menores, algo que no ha sucedido, pues la adquisición de mascarillas ha respondido a las necesidades reales del Consistorio en cada momento, y no a buscar eludir ningún norma», ha destacado.

Para Rivera, Vargas «quiere liar y mezclar la actividad de venta de mascarillas con la actividad diferente por la que se le abrió expediente a la citada empresa y que, además, ya ha quedado subsanado y cerrado».

«Debería saber que la exigencia de que el órgano de contratación solicite tres presupuestos para cualquier contrato menor que tramite no resulta de obligado cumplimiento para el Sector Público de las Entidades Locales de Andalucía, ya que solo determina el carácter obligatorio para el Estado», ha añadido.

Por último, el portavoz del PP ha reprochado a Ciudadanos que se dedique a «lanzar dudas y desconfianzas carentes de fundamentos sobre un procedimiento que el Ayuntamiento llevó a cabo con total transparencia y que, además, supo gestionar con diligencia en un momento muy complicado en el que era muy difícil encontrar mascarillas».

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