Cinco detenidos por gestionar permisos de residencia con denuncias falsas de malos tratos

Según relata en una nota de prensa el cuerpo policial, las investigaciones se remontan a julio, cuando una de las arrestadas, E. A. B de origen rumano, puso en contacto a un compatriota suyo con H. Z., una mujer marroquí y sin permiso de residencia en España.

Según lo pactado entre los anteriores, el hombre, ciudadano de la Unión Europea y que también ha sido detenido, cobraría la cantidad de 1.500 euros por simular que mantenía una relación sentimental con la mujer marroquí.

Cumpliendo perfectamente las directrices acordadas, éste se dirigió a un pub de El Ejido, dónde lo esperó su pareja ficticia y allí, rodeado de varios testigos, la agredió físicamente.

Por su parte, la mujer agredida debía denunciar tal hecho y confirmar la existencia de una relación de pareja, además de abonar las cantidades correspondientes para el pago de todas las personas implicadas.

La Policía Nacional también ha detenido a otros dos ciudadanos de origen marroquí, quienes fueron los encargados de trasladar de Lérida a Almería al supuesto maltratador y de ofrecerle manutención y vivienda en Santa María del Águila (Almería) durante los días previos a la materialización de la farsa delictiva.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en un futuro. Todos los arrestados han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido en funciones de guardia, acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, simulación de delito y denuncia falsa.

La Ley de Extranjería, en consonancia con la Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género, prevén que cuando una mujer extranjera es víctima de una situación de violencia y a su vez carece de permiso de residencia válido en España, no proceden ninguna de las actuaciones recogidas en la propia Ley de Extranjería, que en otras circunstancias si operarían de oficio, como son la detención preventiva, incoación de expediente de expulsión o devolución, ingreso en centro de internamiento o incluso repatriación a su país de origen.

El articulado de la Ley de Extranjería establece como medida de protección la concesión de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, que opera desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional y su correspondiente orden de protección.

La Policía añade que la celebración del proceso judicial en rebeldía del autor por ausencia del mismo no impide el mantenimiento de dicha medida.