Balerma pide ayuda al Defensor de Pueblo para salvar su playa ante los retrasos de Costas

Para ello, ambas entidades han redactado una denuncia en forma de queja formal ante el Defensor del Pueblo a nivel nacional, dado que es el órgano que interviene en los asuntos que afectan a materias en las que debe afrontar el Gobierno de España su ejecución, como este caso, en el que es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el que debe dar una solución estructural y estabilizadora a la costa de Balerma.

En esta línea de trabajo, serio y constante que vienen realizando desde primavera de 2021, vuelven a prepararse jurídicamente con datos para denunciar los incumplimientos y la inactividad en el impulso de las actuaciones para aportar soluciones que recuperen las playas de la localidad ejidense.

Así, le han hecho saber al Defensor del Pueblo que los estudios y el proyecto que vendrían a dar la solución tan esperada, acumula casi un año de retraso y no se sabe nada de su situación, por lo que advierten en su escrito de queja, que además corre riesgo la financiación de fondos europeos a la que podría acogerse, ya que la estrategia para la protección de la costa de Almería contemplaba el reconocimiento del tramo de playa de Balerma como prioridad a corto plazo, debido al estado de regresión que presenta, y para ejecutar dicho instrumento de planificación para el litoral, el Gobierno de España incorporó en el compartimento número 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una partida de 269 millones de euros, destinados a implementar las estrategias de protección de la costa para la adaptación al cambio climático, para una temporalidad de 2021 a 2023. Un período que desde la Mesa de Trabajo apuntan que parece haberse ampliado hasta final de 2024.

El portavoz de la Mesa de Trabajo, José Antonio Peña, incidió en que lo que les preocupa es que ni tan siquiera tienen estudio y proyecto finalizado «y los trámites ambientales pueden durar más de 2 años», afirmando tener conocimiento de que «el presupuesto normal del Estado para actuaciones de esta envergadura es de 25 a 30 millones de euros al año para todo el país», por lo que temen que si se dejan pasar los fondos Next Generation, la playa de Balerma siga «eternamente recibiendo aportes de arena hasta que llegue un temporal fuerte y tengan que ver una desgracia».

Por otra parte, desde este colectivo se está valorando acudir al órgano de gobierno de la UE, como es la Comisión Europea, debido a la inactividad del gobierno de España sobre la aplicación de los fondos recibidos para implementar la estrategia de protección de la costa, en cuanto al tramo de Balerma, «ya que el retraso que lleva el estudio y posterior proyecto afecta de forma muy negativa a los intereses de los ciudadanos e incumple con el propósito y objetivo que tiene dicho instrumento que fue pagado con fondos UE».