El Ayuntamiento de El Ejido pone el foco en el desalojo de viviendas 'okupadas'

En esta línea de trabajo del gobierno municipal en defensa de la propiedad privada y para garantizar los derechos de los ciudadanos que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas, el corte de enganches ilegales a la luz se ha convertido en una herramienta eficaz.

La última actuación llevada a cabo en esta línea de trabajo se produjo precisamente esta semana cuando agentes de Policía Local acompañaron a los operarios de la compañía para el corte de enganches ilegales en un edificio de 23 viviendas en la calle Sáhara de Las Norias y en 9 viviendas de un edificio en la calle Bilbao en el núcleo de Santa María del Águila.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, indicó al respecto que «los enganches ilegales generan un doble problema; por un lado, suponen un enorme fraude económico, y por otro, generan un grave peligro para la seguridad al manipularse la red, de manera que se sobrecarga y multiplica el alto riesgo de incendios».

Los enganches que se realizan de forma fraudulenta carecen de toda precaución de seguridad y constituye un riesgo para cualquier vecino. Además, en muchas ocasiones, este tipo de conexiones ilegales se realizan para desarrollar actividades ilegales.

Protocolo de actuación

Por otra parte, estas actuaciones se suman a las que el Ayuntamiento está llevando a cabo en los últimos meses en todo el municipio y que está permitiendo desocupar viviendas, mediante la declaración de lugares insalubres.

En este sentido, el Ayuntamiento de El Ejido ha creado un protocolo de actuación para la declaración administrativa de situación de inhabitabilidad e insalubridad de la infravivienda ocupada en el municipio que pueda permitir su rápido desalojo y que ya dio sus frutos en el caso del Residencial 'Los Patios' de San Agustín.

Precisamente la pasada semana, el grupo municipal de Vox, ponía como ejemplo de iniciativas que había desarrollado durante su estancia en el gobierno local la lucha contra la 'okupación' ilegal. Un hecho que criticaba posteriormente el alcalde explicando que es precisamente él quien reúne en su despacho a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, tras tener conocimiento de que se había abierto una vía jurisdiccional en Mataró, de la que podría hacer uso también el Ayuntamiento para luchar contra la 'okupación'.