El alcalde, preocupado con la recuperación del dinero «presuntamente malversado» en el Caso Poniente

Uno de los temas sobre los que se le ha preguntado al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, esta mañana durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de temas de actualidad ha sido sobre la prescripción de la mitad de los delitos fiscales del juicio el Caso Poniente. Un asunto sobre el que el máximo responsable municipal ha indicado que pese a que se trata de «cuestiones jurídicas, sobre las que nada tengo que objetar», en un «ejercicio de sinceridad, a nosotros lo que más nos preocupa es recuperar las cantidades presuntamente malversadas que es de alguna manera lo que nos puede resalcir».

En este sentido, Góngora ha incidido en que «las personas que están sentadas en el banquillo posiblemente tienen su penitencia y posiblemente les quede aún mucha penitencia por delante, pero lo que a mí más me preocupa como alcalde es recuperar cantidades económicas» y esa prescripción, en ese sentido estrictamente, que obedece a cuestiones jurídicas, puede afectar a las cantidades que perciba el Consistorio ejidense.

Góngora se mostró convencido de que se recuperarán cantidades económicas importantes, sobre todo a través de la empresas «que tienen su responsabilidad», si bien también mostró su deseo de que si así sucede, «no tengamos que estar viendo con la Agencia Tributaria hacia donde van esos recursos porque deberían venir aquí, porque el sufrimiento de este municipio es muy elevado, con muchos servicios y equipamientos que podrían estar construidos y no lo están, además de que a día de hoy tenemos que seguir haciendo frente a esa deuda y encima con techo de gasto, de manera que de alguna manera nos podamos resalcir de todo ese lastre».

De esta manera, el máximo responsable municipal ha afirmado que no le apnea la decisión «porque lo veo en otra clave que es recuperar cantidades económicas para el Ayuntamiento», al tiempo que ha añadido que si no recuerda mal «la responsabilidad por delitos fiscales se habrá quedado en 10-12 millones de euros, antes era muy superior, con lo cual si se puede interpretar que la Agencia Tributaria tiene alguna preferencia, que no lo queremos interpretar así, corremos más riesgo de que se nos reintegren esas cantidades presuntamente malversadas».