El alcalde de El Ejido pide «agilidad» para celebrar «cuanto antes» un juicio que aclare «el fondo» de los hechos

Así se ha manifestado el primer edil ejidense en declaraciones a Europa Press después de que el Tribunal Supremo haya resuelto el recurso de casación planteado por el PAL, que actúa como acusación particular en el caso, y haya determinado que el Audiencia Provincial es la competente para efectuar la vista oral y no un juzgado de lo Penal, tal y como planteaba.

«Lo que hace el Supremo es dirimir una controversia sobre todo procedimental», ha observado Góngora, quien ha apuntado que el procedimiento se ha demorado casi dos años, desde octubre de 2018, solo para resolver esta cuestión sin que todavía se haya entrado a «analizar los hechos».

En esta línea, ha incidido especialmente en que la resolución del Alto Tribunal «no entra en valorar» las acusaciones ni a «prejuzgar» el caso, puesto que únicamente se limita a confirmar la decisión que adopta el juez instructor a la hora de determinar la competencia de la Audiencia de Almería para enjuiciar el caso.

Con esto, el alcalde confía en que una vez resuelto este aspecto todo «se clarifique y se aplique el estado de derecho» así como que «haya una justicia ágil, que no lo está siendo». «Sigo defendiendo mi total inocencia porque no he cometido ni el más mínimo delito ni lo he podido cometer», ha abundado al respecto al estimar que existen «distintos planteamientos» por parte de la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

«He sido transparente en todo este procedimiento desde el principio», ha afirmado el alcalde, quien reclama «rigor, profesionalidad y agilidad» para entrar a valorar de una vez las pruebas en el marco de la vista oral. «Es una forma clara de quedarme tranquilo con un asunto que me ha quitado horas de sueño», ha reconocido.

Los hechos investigados proceden de la época de Góngora como concejal de Urbanismo a las órdenes del alcalde Juan Enciso, uno de los principales imputados en la Operación Poniente, cuando una sociedad de la que él formaba parte «compró terrenos rústicos a muy bajo precio en el año 2000«, según informó el PSOE en su día.

«Dos años después, en 2002, se aprobó un PGOU que permitió la recalificación de esos terrenos para que pasaran a ser urbanizables«.

En 2004, esa sociedad «vendió esos terrenos, de manera privada, por un precio muy superior al de compra, hasta el punto de que obtuvo un beneficio de más de 1.200.000 euros. Pero esa compraventa no se escrituró hasta tres años después«.