El Caso Poniente sigue generando tensiones y encuentros irreconciliables entre los distintos partidos políticos. Izquierda Unida recriminó el pasado martes al Ayuntamiento de El Ejido lo que a su juicio es una tibia acusación a los 65 investigados en torno a la trama corrupta. La coordinadora de IU, Rosalía Martín, alegó que la red tejida en torno al caso Poniente fue «la primera prueba piloto para la financiación ilegal del PP en todo el país» y catalogó de «irrisoria» la petición de 84,5 millones solicitada por el Ayuntamiento de El Ejido en concepto de indemnización por los sobrecostes facturados al Consistorio en el periodo de 2002 y 2008, ya que la formación de izquierdas alega que el daño producido a las arcas ejidenses por la trama asciende a 255 millones.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido, quien lamentó «la falta absoluta de rigor técnico y jurídico» de Izquierda Unida «al obviar los datos que obran en las diligencias». El Consistorio ejidense también recordó que «se trata de un procedimiento penal y, por tanto, de algo muy serio que hay que afrontar con rigor, seriedad y la máxima precisión, y que no se trata de hacer ni un mitin ni un circo mediático, como pretende IU», afirmaron.

Desde el Ayuntamiento ejidense aseguraron que Izquierda Unida «ha mentido a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos al afirmar que el Partido Popular no ha presentado escrito de acusación, puesto que sí lo ha hecho, habiendo sido, además, precisamente el PP el que, desde el principio, más ha luchado por depurar responsabilidades y recuperar el dinero presuntamente defraudado».

En este sentido, el gobierno municipal ha exigido a IU que explique en base a qué cálculos ha llegado a la cifra de 255 millones de euros que, según afirman, se han malversado supuestamente. «Una de dos, o Izquierda Unida no ha aprendido a sumar o su escrito de acusación lo ha basado en especulaciones y bailes de cifras, ignorando el contenido del proceso judicial y los informes periciales obrantes en el mismo, como el elaborado por los técnicos de la Agencia Tributaria, que incluso cifran lo presuntamente defraudado en cantidades incluso inferiores a los 84'5 millones de euros que reclama el Consistorio».

El concejal y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido, José Francisco Rivera, aseguró que IU «no ha sido capaz de determinar con un mínimo de rigor las cantidades que esgrime, ni ha actuado como debe hacerse en un proceso judicial, en el que todo debe estar bien fundamentado en pruebas sólidas, como los distintos informes periciales que obran en las actuaciones».

Rivera concretó que «no se trata de hacer un brindis al sol, sino de que todo quede bien argumentado, justificado y demostrado para conseguir una sentencia condenatoria que permita que sean revertidas al Ayuntamiento las cantidades defraudadas».

El portavoz aseguró que IU «no ha sido capaz de determinar con un mínimo de rigor las cantidades que esgrime, ni ha actuado como debe hacerse en un proceso judicial», al tiempo que criticó que «aunque Izquierda Unida quiera ahora olvidarlo y colgarse todos los méritos, hay que recordarle que fue el Partido Popular el que desde el principio ha luchado para destapar el caso, depurar responsabilidades y recuperar las cantidades presuntamente defraudadas».

Acusación fundamentada

Por su parte, el representante jurídico en la causa tanto del Ayuntamiento como del PP, Emilio Lucas, explicó que «se trata de un tema penal en el que hay que realizar una acusación bien fundamentada con pruebas que la sustenten y, por tanto, no se trata de pedir a bulto sino de reclamar las cantidades que realmente se pueda demostrar que han sido sustraídas». El letrado insistió que «hay que tener en cuenta todos los elementos que obran en las extensísimas diligencias»