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Jueves, 21 de abril 2016, 12:45
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Según el informe «la consecuencia más significativa es la no adopción de medidas correctivas en tiempo y forma que, no sólo la gestión eficiente de los recursos públicos hace necesaria, sino también las especificadas por las propias normas vigentes de estabilidad presupuestaria, así como la ley de haciendas locales». En este sentido, se puede afirmar que «el Ayuntamiento arrastra una situación deficitaria y de endeudamiento que en la actualidad lastra cualquier actuación de gestión de los ingresos, debiendo dichas actuaciones ir encaminadas en un porcentaje elevado a la cancelación de deuda de ejercicios cerrados».
«Se había generado una ficción porque parecía que al Ayuntamiento todo el mundo le debía dinero pero que nadie pagaba cuando la realidad era, como revela la auditoria, que esas cantidades que se iban quedado reflejadas como derechos pendientes de cobro se rectificaban de forma sistemática año tras año porque la verdad es que nadie debía ese dinero», ha puntualizado Rivera.
En la liquidación del presupuesto de 2010 realizada en 2012 se produce una anulación de derechos importante, por valor de más de 75 millones, de los que cerca de 48 millones se corresponden con derechos por gestión y convenios urbanísticos, mientras que 7,5 millones se corresponden con anulaciones de derechos de recaudación de impuestos indirectos y 4,7 millones de transferencias corrientes. "La rectificación realizada en 2010 fue muy importante y se hizo con el objetivo de que las cuentas y la liquidación del presupuesto arrojaran una imagen lo más fiel posible de lo que en realidad era la situación económica de este Ayuntamiento", ha subrayado el edil. .
No en vano, el informe de la Cámara de Cuentas de junio de 2012 sobre 'Fiscalización de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas explotadoras de servicios de suministros en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes' se refiere expresamente a esta última modificación realizada por el actual equipo de gobierno. El informe indica que «por lo que se refiere a los derechos pendientes de cobro de ejercicio cerrados, es llamativa la situación de El Ejido, pues ha efectuado rectificaciones por -75, 2 millones de euros como consecuencia de la práctica que ha seguido ese ayuntamiento, durante bastantes años, de reconocer derechos por la enajenación de parcelas municipales sin que efectivamente se hubiese procedido a su venta».
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