Abengoa, la piedra angular del Caso Poniente

Varios agentes durante el registro en las oficinas de Elsur en El Ejido el 20 de octubre de 2009./J. J. M.
Varios agentes durante el registro en las oficinas de Elsur en El Ejido el 20 de octubre de 2009. / J. J. M.

Anticorrupción sitúa en la cúspide de la trama, tras diez años de investigación, al mayor grupo multinacional de toda Andalucía

Miguel Cárceles
MIGUEL CÁRCELESAlmería

El circulo alrededor de la empresa mixta Elsur -y la multinacional que dominaba el 70% de la sociedad, el grupo Abengoa- era extenso y virtuoso. El relato de la Fiscalía Anticorrupción, que esta semana ha culminado el escrito de acusación por el que pide sentar en el banquillo a medio centenar de personas como presuntos responsables de la trama corrupta investigada en El Ejido, muestra cómo casi todos los intervinientes en torno a Elsur terminaban beneficiándose económicamente de su relación con la empresa mixta. Todos los actores menos dos: el Ayuntamiento de El Ejido y la Agencia Tributaria.

Tras más de diez años de investigación -primero fiscal y después bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería- Anticorrupción observa sin dudas que desde la constitución de Elsur la gestión de la empresa ha sido favorable «a los intereses privados de varios grupos empresariales ajenos al interés público» y que todo ha contribuido a «esquilmar las arcas municipales» usando como «parapeto» la empresa mixta. Concretamente, el entramado corrupto habría conseguido hacerse con más de 71 millones de euros del Consistorio y habría evitado casi 29 millones de euros en impuestos.

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En el ojo del huracán, según la «ardua y compleja» investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada -nombre oficial de Anticorrupción- se sitúa siempre el grupo multinacional Abengoa. Fundado en 1941, este grupo empresarial sevillano hoy dedicado de forma mayoritaria a soluciones tecnológicas y energías renovables ostentó desde 1995 a través de diversas empresas participadas el 70% de la sociedad mixta fundada por el Consistorio ejidense para la prestación de servicios públicos de su competencia, entre ellos, el suministro de agua.

Pero su gestión, lejos de ser leal a los intereses de su socio público, el Ayuntamiento de El Ejido (que ostentaba el 30% de la empresa mixta) habría provocado un menoscabo de fondos del Consistorio que Anticorrupción cifra en más de 31 millones de euros, casi la mitad del saqueo total cifrado para el Ayuntamiento.

En orden de cumplir con este «apoderamiento ilícito», la Fiscalía relata diversas conductas. La primera de ellas, la sobrefacturación mediante conceptos genéricos de apoyo a la gestión y asesoramiento, en realidad ni siquiera se habría llevado a efecto. No constan en las actuaciones que se produjeran reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos que avalen que otras empresas del grupo Abengoa habían asesorado a Elsur: «tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado», abunda Anticorrupción.

El grupo Abengoa, siempre según el relato de la Fiscalía, «decide primero la cantidad de dinero que se va llevar y después confecciona el contrato, las facturas, los pedidos y los resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas e intentar dar soporte documental a unos supuestos trabajos de apoyo a la gestión que en realidad no han existido».

Pero además, el grupo Abengoa no sólo se habría beneficiado por la facturación de servicios que no prestaba a Elsur y por los que el Ayuntamiento abonaba religiosamente el coste a través del canon, sino que también habría utilizado al resto de empresas investigadas en la trama como una herramienta útil para, presuntamente, defraudar impuestos.

Es aquí donde entran en juego las subcontratas, un conjunto de sociedades, principalmente en manos de José Amate y Juan Antonio Galán -dos de los principales investigados del Caso Poniente- que servían a Elsur y a su propietario mayoritario, el grupo Abengoa, para «engordar artificialmente el canon anual» y, además, «aumentar aún más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública». Elsur conseguía mediante la subcontratación -y la presunta sobrefacturación por parte de estas empresas- reducir sus beneficios contables y, con ello, abonar un impuesto de sociedades más bajo. Y para más inri, evitaba el pago de dividendos al socio público, que ostentaba casi un tercio de la empresa. En esto, los subcontratistas eran «sociedades meramente instrumentales de Elsur», advierte Anticorrupción.

Por otro lado, las subcontratas repercutían el IVA en su facturación a Elsur pese a que, como sólo aportaban personal -y estos gastos no están sujetos a IVA- no debían hacerlo. En ello se habría intentado enmascarar la operación, siempre según el relato de la Fiscalía, mediante la fórmula de la contratación de «prestación de servicios» pese a que éstos se ejecutaban con instrumental de la propia Elsur. Así, la empresa mixta tenía más IVA deducible y pagaba menos a Hacienda.

Elsur habría defraudado a la Agencia Tributaria mediante estos mecanismos de las subcontratas cerca de 17 millones de euros de los que aún quedarían por abonar más de 16 millones. Anticorrupción pide sentar en el banquillo a hasta 12 personas directamente relacionadas con el grupo Abengoa, entre ellos algunos altos cargos de sociedades participadas como Befesa, Aygesur, Aygesa, Abensurasa y la propia Elsur.

La investigación pone en antecedentes sobre la creación de la empresa mixta (desde la aprobación plenaria de la misma, en noviembre de 1994) y hasta que la Operación Poniente, el 20 de octubre de 2009, rompió el tablero sobre en el que ese momento se tejía la maraña presuntamente corrupta en torno a Elsur. Y en ello advierte que el socio mayoritario, al que en todo momento sitúa en el centro del entramado investigado, siempre mantuvo el 70% de las participaciones.

Pero no lo hizo de forma unívoca, sino que de forma cíclica iban intercambiándose sociedades del grupo, sucediendo su participación en Elsur bajo distintas denominaciones o con sociedades que desembocaban siempre en el grupo matriz, el empresarial de Abengoa. En ello Anticorrupción encuentra una única explicación: «Tratar de camuflar que la auténtica propietaria de Elsur es Abengoa».

Enciso y Alemán consentían

Las dos caras más visibles del entramado presuntamente corrupto investigado por la justicia durante los últimos diez años en El Ejido, el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Antonio Alemán, tuvieron en todo este plan papeles centrales porque, según advierte la Fiscalía, se necesitaba de su aquiescencia para que el flujo de dinero fluyera sin cortapisas. En ello, el escrito de acusación de Anticorrupción es meridianamente claro: «Todas esas actividades ilícitas fueron consentidas». «A cambio de prebendas económicas», narra sobre Enciso y Alemán, permitieron la actividad ilícita del socio privado «haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control». El segundo, Alemán, «autorizaba el gasto, una vez contabilizado» a sabiendas de su ilicitud. Y Enciso «autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente» mediante la sobrefacturación de Elsur.

Entre las prebendas obtenidas por ambos las había, según el relato de Anticorrupción, mayormente monetarias. Muchos de los investigados llevaban un tren de vida muy superior al del común de los mortales. Sin ir más lejos, el relato de la acusación del Ministerio Público enumera algunas de las adquisiciones efectuadas por Sistemas de Dirección -la sociedad propiedad de Alemán utilizada, según la versión de la investigación, para el cobro de comisiones ilegales-. Y son de lo más exuberantes: coches, viajes, el alquiler de una vivienda, vuelos, su propia boda en el Hotel Ritz de Madrid con la también acusada Isabel Carrasco, espectáculos taurinos, hoteles, joyas, pieles... Incluso 15.600 euros en caviar.

Enciso, mientras tanto, habría destinado los fondos presuntamente ilícitos a la acumulación de patrimonio inmobiliario. Entre estos bienes destacan varias parcelas en Ugíjar y Nevada (Granada) en las que habría proyectado la construcción de una bodega para hacer vino de los viñedos que instaló en la finca. No obstante, y haciéndose valer de su condición de alcalde, «y a cambio de permitir los desmanes que se estaban llevando a cabo y que motivaron esta investigación», habría utilizado los recursos de Elsur (trabajadores, maquinaria y materiales) en esta tarea. «Proyectó la rehabilitación de la vivienda que ya existía en la finca, un almacén de aperos, una bodega y una plantación de viñedos», relata Anticorrupción. Según declaró Enciso en la instrucción de la causa, estos trabajos los habría hecho él mismo con algunos familiares durante los fines de semana.

El Caso Poniente ve con este trámite, el de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, uno de sus últimos pasos antes del juicio. Tras el traslado del escrito del Ministerio Público a las partes, los acusados podrán elevar un escrito de defensa tras el cual el instructor -el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Jesús Miguel Hernández- podrá dar por clausurada la conocida como etapa intermedia y proceder a su traslado a la Audiencia Provincial de Almería, que será la que lo enjuicie. El elevado número de acusados -con sus correspondientes defensas- convierten en una opción más que plausible el hecho de que la vista oral acabe teniendo lugar en un espacio extraordinario (un centro de congresos o algo por el estilo). En cualquier caso, y si no hay contratiempos, la cita será el próximo año.

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